“No se pueden establecer cargas tributarias por las peleas del alcalde con Henry Escobar para perseguirlo”: Óscar Barreto
El 2018 inició para los ibaguereños con una alta carga tributaria impuesta desde la Alcaldía de Ibagué, primero con el tema del impuesto predial que tras una parcial actualización catastral aumento considerablemente y luego se inició la polémica por el cobro del impuesto de Industria y Comercio a los trabajadores independientes de la ciudad.
El gobernador Óscar Barreto se refirió al tema y comentó que El Estado se nutre de los temas tributarios que permiten hacer inversiones y atender los requerimientos de los ciudadanos sin embargo se debe tener mucho cuidado al aplicarlos pues si bien es cierto los alcaldes tienen la facultad para establecer los tributos se deben tener en cuenta a los sectores que generan empleo y dinamizan la economía.
“Si se generan cargas tributarias exageradas solamente pensando en los recaudos para hacer unas obras se va a afectar la economía, Ibagué está prácticamente en el segundo puesto de desempleo porque las cargas tributarias desestimulan la reactividad de la economía, no es justo que a los constructores de la ciudad se les persiga y excluya para que no puedan realizar su actividad”, indicó el gobernador.
El primer mandatario además señaló que no es bueno confrontar a la sociedad y continuar acentuando la brecha entre ricos y pobres, pues los procesos de inclusión y equidad son importantes pero no dividiendo a la ciudadanía.
“No se pueden establecer cargas tributarias exageradas o limitaciones en materia de construcción de vivienda solamente porque hay peleas personales entre el alcalde Jaramillo y el señor Henry Escobar, no se puede mandar al traste la economía y desarrollo de una ciudad simplemente por situaciones de tipo personal”, indicó el gobernador.
‘Predialazo’ y envió del acuerdo a control de legalidad
En cuanto al tema del ‘predialazo’ puntualizó que el acuerdo del Concejo Municipal se aprobó con una serie de dudas jurídicas y por tanto no tiene por qué avalar estas situaciones que se cometieron en un trámite local para luego quedar en curso de investigaciones penales en el futuro y por tanto deberá ser el Tribunal Administrativo quien determine el futuro de dicho acuerdo.
“Estamos en contra de que se establezcan tarifas exageradas en materia del predial que afecte al sector productivo y a la ciudadanía en general, no compartimos de ninguna manera que se les cobre exageradamente pero eso es una cosa y otra es tomar determinaciones violando la Constitución y la Ley, nosotros creemos abiertamente que el señor alcalde y el Concejo no tienen facultades para suspender el avaluó catastral parcial que trabajo el IGAC y sobre esa base enviamos el acuerdo al Tribunal para que se haga la discusión jurídica y establezca la suerte del acuerdo”, indicó el gobernador.
El primer mandatario de los tolimenses puntualizó que como gobernador está obligado a cumplir con la Ley y la Constitución pues son los instrumentos que permiten garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
“Algunos abogados me están pidiendo que no acate la Ley, si no la acato primero estoy en curso de unas futuras investigaciones por incumplimiento de la Constitución y segundo no lo voy a dejar de hacer porque eso es dar un mal ejemplo, además no tengo porque avalar las irregularidades que se pudieron presentar en el camino, la formulación, debate y aprobación que se presentó en todo el proceso del predial, no tengo nada que ver con ese desorden yo simplemente aplico el mandato de la Ley que establece el control de legalidad”.
Además manifestó que el alcalde Guillermo Jaramillo sabía de antemano que el acto no era regular pues desde antes de aprobarse “salió corriendo de la ciudad, no firmó el acuerdo y cuando regresó dio declaraciones burlándose de todo el mundo, le ‘mamo gallo’ a quienes hicieron la movilización ciudadana y llevó al Concejo un tema abiertamente ilegal para que lo sancionará y ahora dice que el culpable soy yo”.
El gobernador recordó que Ana Lucía Villa advirtió que no se podía sancionar el acuerdo por lo que existen antecedentes claros sobre el tema.
