La propuesta de consulta popular que quiere hacer el presidente no es tarea fácil, puesto que debe surtir un proceso con requisitos, reglas, etapas y plazos. En otras palabras, debe cumplir pautas, algo que a este gobierno no le gusta mucho. Por lo tanto, considero necesario poner en contexto qué es la consulta popular y cuál sería el camino que tendría que recorrer.

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se somete una decisión de trascendencia nacional, regional o local al voto del pueblo.

Como estamos hablando de temas de carácter nacional —pues el presidente quiere someter inicialmente a consulta las reformas laboral y de salud—, tendría que presentar una solicitud al Congreso con la pregunta o preguntas que desea someter a consulta.

El Congreso tiene un plazo de un mes para decidir si aprueba o no la convocatoria. La votación se realiza en sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, y la consulta se aprueba por mayoría absoluta (más de la mitad de los miembros de ambas cámaras).

Posteriormente, si la solicitud es aprobada en el Congreso, pasa a revisión de la Corte Constitucional, que decide si la pregunta es clara, no engañosa y respeta la Constitución. Esta instancia no tiene un plazo fijado en la ley para emitir su decisión, pero, de acuerdo con antecedentes, puede tardar entre uno y tres meses aproximadamente. Si la Corte la avala, se autoriza su convocatoria.

Entonces, le corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil organizar el proceso electoral, que debe realizarse dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de la Corte.

Ahora bien, para que la consulta sea válida y vinculante, debe participar al menos el 33 % del censo electoral. Es decir, si el censo electoral es de 40 millones de personas, se requiere que al menos 13,2 millones voten para que la consulta tenga validez, sin importar si lo hacen por el “sí” o por el “no”.

Así las cosas, si todo el proceso se ejecuta sin contratiempos, estaríamos hablando de un término de entre 7 y 10 meses, lo que se cruzaría con el periodo electoral para las elecciones al Congreso. Esto me lleva a pensar dos cosas: primero, que, en medio de lo caótico y desordenado que ha sido este gobierno, se busca distraer la atención de la opinión pública para ocultar su ineptitud, la falta de resultados y la corrupción en la que está inmerso; o segundo, que quieren torpedear las elecciones al Congreso, ya que se les convirtió en una piedra en el zapato. Esto último sería grave, pues atentaría contra el sistema de pesos y contrapesos del Estado.

Con este gobierno, cualquier cosa puede pasar.