El arroz es la base de la alimentación de millones de colombianos y el sustento de miles de familias campesinas. Sin embargo, el sector arrocero está en crisis, y no es algo nuevo. Durante años, he escuchado a los agricultores advertir sobre los altos costos de producción, la competencia desleal del arroz importado y el contrabando que inunda el mercado con producto barato y de dudosa calidad, especialmente desde Ecuador y Perú. Hoy, con el paro arrocero que ya completa varios días en regiones como Tolima, Huila y Meta, veo cómo el problema ha llegado a su punto máximo. Mientras los agricultores luchan por sobrevivir, la respuesta del gobierno me parece tibia: promesas de subsidios temporales y líneas de crédito que no solucionan el problema de raíz. Me pregunto, ¿cómo llegamos a esto y qué soluciones reales existen?

A nivel mundial, países como China, India, Bangladés, Indonesia y Vietnam dominan la producción de arroz gracias a la tecnificación, el apoyo estatal y la eficiencia en costos. En estos países, los rendimientos superan las 6 u 8 toneladas por hectárea. Mientras tanto, en Colombia, aunque los cultivos tecnificados logran en promedio 5.5 toneladas por hectárea, los costos de producción son altísimos. Es decir, nuestros agricultores gastan más y producen menos que sus competidores internacionales, lo cual me parece una completa injusticia.

El arroz importado sigue llegando en grandes cantidades desde países donde la producción es más barata y los gobiernos subsidian a sus agricultores. Así, el mercado local se ve inundado de arroz extranjero, lo que obliga a los productores nacionales a vender por debajo de sus costos. Me parece inaceptable que hoy los arroceros necesiten entre $220.000 y $230.000 por carga para no operar en pérdidas, pero el precio de compra ronde apenas los $185.000, mientras que los costos de producción están cerca de $205.000. Con estas cuentas, es evidente por qué los agricultores están en las calles protestando: están trabajando a pérdida. Además, los costos varían según la región; en departamentos como Tolima y Huila son más altos debido al arrendamiento de tierras y el uso del agua, mientras que, en los Llanos Orientales, estos costos son significativamente menores.

En esta tira y afloje, el gobierno anunció un paquete de ayudas por $45.000 millones y nuevas líneas de crédito. ¿Es un alivio? Sí, pero muy insuficiente. Considero que se necesita, de manera inmediata, una inyección de al menos $100.000 millones para compensar las pérdidas. A mediano plazo, veo fundamental una solución estructural que garantice precios justos, regule efectivamente las importaciones y frene de una vez por todas el contrabando directo y técnico. Además, insisto en que es clave revisar los acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio (TLC) que han permitido el ingreso masivo de arroz sin proteger adecuadamente a los productores nacionales.

También debo señalar que los únicos afectados no son los agricultores. La industria molinera ha sufrido pérdidas multimillonarias en los últimos dos años (2023-2024). Esto desmiente la creencia de que la crisis es responsabilidad exclusiva de los industriales, cuando en realidad el problema radica en los altos costos de la materia prima. Me preocupa que, en la necesidad de encontrar culpables, el gobierno termine señalando a los molineros como responsables de esta tormenta, en lugar de abordar el problema de fondo.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, que con la mano en el corazón y con los pies en el territorio le ha puesto el pecho a esta problemática, abogado incluso por otros departamentos productores. Recientemente, anunció que el presidente Gustavo Petro se reunirá el próximo lunes 10 de marzo con los arroceros del Tolima, Huila y Caquetá para buscar soluciones. Esto puede representar un avance, pero el reto no es solo sentarse a dialogar, sino actuar. Como bien lo dijo la gobernadora: “Solo esperamos soluciones que sean contundentes y nos lleven de verdad a erradicar el problema de fondo en todos los arroceros del país”. No puedo evitar preguntarme si esta reunión será solo otra promesa vacía o si realmente marcará el inicio de un cambio real para el sector.

Si queremos salvar el arroz colombiano, debemos actuar en varios frentes. En mi opinión, lo primero es reducir los costos de producción con subsidios a los insumos, mejorar la infraestructura de riego y facilitar el acceso a maquinaria moderna. Segundo, necesitamos invertir en ciencia y tecnología para desarrollar variedades de arroz más productivas y resistentes. Tercero, considero que se deben endurecer las medidas contra el contrabando y mejorar la vigilancia en las fronteras. Cuarto, hace falta una estrategia de exportación que permita a nuestros productores competir en mercados internacionales.

En conclusión, el sector arrocero colombiano no necesita más promesas ni reuniones sin resultados. Se requiere un compromiso real del gobierno para aplicar soluciones que permitan a los agricultores trabajar con dignidad y asegurar la estabilidad del mercado. Si no se toman medidas concretas, el paro continuará, los productores seguirán quebrando y el país dependerá cada vez más del arroz importado. No podemos darnos el lujo de perder un sector tan estratégico. Ha llegado el momento de dejar los discursos y pasar a la acción.