Ibagué es una ciudad donde casi el 50% de sus trabajadores son informales. Estas personas dependen del rebusque diario para subsistir, y muchas de ellas ocupan el espacio público no porque lo deseen, sino porque carecen de los recursos económicos para costear un arriendo. La administración municipal no puede ignorar que más del 30% de los habitantes de la ciudad comen menos de tres veces al día, el 36.1% vive en condiciones de pobreza monetaria y el 14.1% se encuentra desempleada.

Estas cifras evidencian por qué miles de vendedores informales ocupan el espacio público, algunos pagando impuestos y otros no. Sin embargo, resulta imposible conocer la cantidad exacta de estos trabajadores, ya que no existe un censo ni una caracterización que permita establecer quiénes son, cuántos son y en qué condiciones operan.

Esta ausencia de datos es un obstáculo clave para el diseño de una política pública efectiva. En ese contexto, la Ley 1988 de 2019 establece que todos los municipios, junto con el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Trabajo y el SENA, deben crear y ejecutar una política pública integral para los vendedores informales. Dicha política debe incluir:

•    Capacitación en artes y oficios por parte del SENA.
•    Promoción de proyectos productivos que fortalezcan la inclusión económica.
•    Regulación de los Espacios Comerciales de Interés Social (ECIS) para garantizar la inclusión social.
•    Creación de un registro permanente y un sistema de identificación para los vendedores informales, con actualizaciones periódicas en colaboración con sus asociaciones.
•    Garantía de espacios de trabajo seguros, carnetización formal e implementación de monitoreos socioeconómicos continuos.

El objetivo de estas medidas es integrar a los vendedores informales a la economía formal y mejorar su calidad de vida.

Desde 2023, he solicitado el cumplimiento de esta ley mediante una acción popular, pero parece que la administración municipal desconoce por completo su existencia. Un ejemplo de esto es la interpretación errada del director de Espacio Público, John Ferley Amaya, quien declaró en medios de comunicación que la acción popular busca la recuperación del espacio público, cuando en realidad la ley no aborda este punto en esos términos.

Lo más preocupante es cómo la administración municipal ha utilizado la decisión de un magistrado, José Andrés Rojas Villa, para justificar medidas arbitrarias. El fallo judicial ordenó únicamente el retiro de un vehículo tipo Willys que vendía café en la calle 12, entre carreras tercera y primera, debido a la congestión vial que generaba. Sin embargo, esta resolución ha sido empleada como excusa para negar la renovación de permisos de funcionamiento y aprovechamiento del espacio público a otros empresarios que también operan vehículos tipo Willys, aparentemente con la intención de beneficiar a ciertos intereses privados con numerosos puestos de ventas dispersos por toda la ciudad.

Es inaceptable que la administración municipal de Ibagué interprete de manera errónea y arbitraria las disposiciones legales para justificar la persecución de empresarios que, lejos de ser un problema, buscan contribuir al embellecimiento de la ciudad y a su transformación en un destino turístico.

Desde aquí hacemos un llamado urgente y enfático a las autoridades municipales para que cumplan con su responsabilidad de diseñar e implementar la política pública para los vendedores informales, como lo exige la Ley 1988 de 2019. Esta política no solo es necesaria para garantizar la dignidad y estabilidad económica de miles de trabajadores informales, sino también para construir una ciudad más inclusiva y próspera.

La administración debe dejar de actuar de manera discrecional, persiguiendo a quienes trabajan con vehículos tipo Willys, y en su lugar, concentrar sus esfuerzos en regular el espacio público de manera justa, equitativa y con visión de futuro. Si Ibagué quiere posicionarse como un destino turístico atractivo, necesita fortalecer su tejido económico y social, no debilitarlo. Es momento de pasar de la persecución a la acción constructiva, de la improvisación a la planificación.

La oportunidad de transformar a Ibagué en una ciudad modelo está al alcance, pero requiere compromiso, liderazgo y voluntad para cumplir con la ley y priorizar el bienestar de todos los ibaguereños.

Nicolas Alvarez Bernal
Economista
Universidad Nacional de Colombia