El Ibal podría estar dilapidando más de $30.000 millones por año y agotando sin consideración sus fuentes hídricas disponibles
![Álvaro Montoya](/sites/default/files/styles/wide/public/2024-02/alvaro-montoya.jpg?itok=RlbdLX9J)
Llegó la hora de cuantificar y controlar las fugas técnicas de agua potable en las redes urbanas de suministro, pues eso viene agotando las fuentes hídricas disponibles. La recomendación global más allá del fenómeno del niño es la concentración en la solución de fugas urbanas antes que ellas agoten las fuentes hídricas de suministro, y ante ello, también proponen unas autoridades ambientales proactivas, persuasivas y policivas.
No puede ser que la solución a la escasez de agua en las ciudades inicie con la solicitud para la disposición de nuevas fuentes hídricas, cuando las pérdidas por fugas urbanas supera el 50% del agua ya tratada y habilitada para el consumo humano. Y de esa mitad la mayoría son pérdidas técnicas que resultan casi siempre, del nulo monitoreo y mal estado de las redes que conducen este preciado liquido hacia los usuarios.
La seguridad humana es también la seguridad alimentaria que inicia con el acceso permanente al agua potable como un mínimo vital, y eso que nuestro país ostenta paradójicamente promedios superiores a muchos otros que no tienen ni cerca las condiciones hidrológicas colombianas, pues estamos entre los países con mayores recursos hídricos disponibles del mundo, casi 46.000m3 por habitante, gracias a la inmensidad de yacimientos, humedales, lagos, acuíferos subterráneos y un sin número de quebradas y ríos por todo lo largo y ancho del territorio nacional. Colombia cuenta con 2.132km2 de agua aproximadamente, cantidad que equivocadamente nos ha hecho creer que este recurso vital es inagotable, y que paradójicamente gran parte de los colombianos no tiene acceso a ella por falta de buenos acueductos municipales, pues el pésimo estado de las redes de distribución en centros poblados se volvió una constante nacional.
Ibagué por ejemplo, ha mantenido en 52% su pérdida por fugas de agua y eso es un desastre, pero para consuelo de muchos está dentro del promedio nacional, pues hay ciudades que tienen el 42 y 45%, y otras que llegan hasta el 60 y 70% del agua ya captada y tratada, como responsabilidad única de quien administra el acueducto, cobra por el servicio y responde por su mantenimiento. De ello una pérdida técnica que se estima para Colombia entre 25 y 30% y que para Ibagué corresponde al 27%, costándole a los ibaguereños a manera de ejemplo más de 30 mil millones anuales, siendo hoy el verdadero problema al que se le debe enfocar cualquier esfuerzo nacional y local, por encima de otros muchos que siendo igual de importantes, son menos urgentes.
El país debe avanzar en formulas que permitan atender esta emergencia nacional a través de la disponibilidad de recursos frescos y una política de choque que obligue a corregir semejante inconciencia institucional y nacional de dilapidar cerca del 30% del agua captada y tratada como si fuese un hecho normal, pues no es solamente el costo que implica tenerla disponible para el consumo humano, es también el daño al disponer innecesariamente de fuentes complementarias y alternas, alterando el cause normal de afluentes disponibles; aguas que ya tratadas, son luego contaminadas y desperdiciadas.
Como pretende entonces un gobierno progresista como el nuestro, insistir en ser el precursor del ambientalismo continental si en su propio territorio no establece mecanismos para hacer uso eficiente del agua ya potabilizada. Parece entonces una incoherente lucha, si no se logra entender que la mejor referencia es el ejemplo.
El mundo está priorizando luchas contra fugas en tuberías y redes urbanas por el estrés hídrico vivido por cuenta de la escasez del agua y el poco acceso a ella; y además porque no existe otro recurso más preciado e importante que el agua para el bienestar de las comunidades. Se requiere entonces de nuevas políticas de financiación para proyectos macro, que propongan soluciones innovadoras de sellado y curado de tuberías sin necesidad de levantar calles, calzadas y andenes, como se hace de manera convencional.
¿Quien cobra y quien paga las fugas de agua en las redes urbanas y como afrontar ese desperdicio económico y ambiental, si los acueductos en Colombia antes que redes hídricas parecen coladores urbanos? El Control de daños sería la mejor de las determinaciones de un gobierno ambientalista y la mejor política para restaurar toda esa red urbana nacional, para que no se agoten las fuentes hídricas o se pierdan como agua entre los dedos.