La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra el exgobernador de San Andrés, Julio Hawkins Jogreen, junto con las exsecretarias de Educación y Planeación, Lucía Marcela Páez y Nidia Angélica Hernández Vásquez, respectivamente. Se les acusa de presuntas irregularidades en la planificación y ejecución de un proyecto destinado a mejorar el nivel de inglés de alrededor de 9.000 estudiantes y 140 profesores de 11 colegios en el archipiélago. El proyecto, valuado en $8.051 millones provenientes del Sistema General de Regalías, ha alcanzado un avance físico y financiero del 95%.

A pesar del aparente éxito del proyecto en términos de avance, los funcionarios implicados habrían aprobado el contrato sin considerar las recomendaciones técnicas del Ministerio de Educación. Además, se sostiene que la preparación y firma del contrato no siguieron los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la Fundación Universitaria del Valle, la entidad encargada de ejecutar el proyecto según la elección de la Gobernación.

La Procuraduría ha solicitado una serie de documentos que respalden las diferentes etapas del proyecto, desde la preinversión hasta su ejecución, con el fin de evaluar su cumplimiento con los criterios de planeación establecidos. También se investigará la situación física, financiera y jurídica de los establecimientos educativos y otros lugares involucrados en el proyecto para determinar su sostenibilidad.

¡Alerta en San Andrés! Exgobernador y exsecretarias están bajo la lupa de la @PGN_COL por presuntas irregularidades en proyecto de inglés para estudiantes. ¿Un contrato por más de 8 mil millones sin seguir recomendaciones técnicas? #EsNoticia https://t.co/iULGSjE31g pic.twitter.com/wK4KAaam7g

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) February 10, 2024

En su labor disciplinaria, la Procuraduría se compromete a garantizar que los funcionarios públicos encargados de administrar los recursos del Sistema General de Regalías lo hagan de manera transparente y eficiente, en beneficio de la ciudadanía. Esta investigación refleja el compromiso de las autoridades con la rendición de cuentas y el uso adecuado de los fondos públicos para el desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad.