En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación ha impuesto sanciones de destitución e inhabilidad por varios años al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y a los exsecretarios de Desarrollo de Salud del departamento. La medida se debe a la omisión del control y la vigilancia de la actividad contractual delegada, que generó un pago de $7.886.574.000 sin la celebración de acuerdos de voluntades con distintas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para un paquete integral de neurorrehabilitación. .

En la misma línea de sanciones, los exsecretarios de Salud, Alexis José Gaines Acuña y Alfredo José Aruachán, enfrentarán destitución e inhabilidad general por 9 años, mientras que Edwin de Jesús Preciado recibirá una sanción de 8 años. Según el ente disciplinario, Lyons Muskus, en su rol de gobernador, dejó de vigilar las facultades delegadas en los secretarios de Salud, lo que resultó en el pago de $7.886.574.000 por servicios de neurodesarrollo sin contar con los acuerdos de voluntades correspondientes.

En relación a los exsecretarios, la Procuraduría destacó que Gaines Acuña, mediante resoluciones emitidas en 2014, ordenó el pago de servicios de rehabilitación en salud sin previos acuerdos de voluntades. Asimismo, Aruachán Narváez realizó actos administrativos durante el mismo año, efectuando pagos a favor de instituciones prestadoras de servicios de salud sin ningún proceso contractual.

La responsabilidad disciplinaria de Preciado Lorduy también fue confirmada, ya que en 2015 ordenó pagos sin cumplir con las etapas legales para la realización de acuerdos de voluntades. La Procuraduría concluyó que los involucrados vulneraron el principio de economía y responsabilidad en contratación y ordenación de gastos, disponiendo del presupuesto departamental sin cumplir con la legislación en seguridad social en salud.

Esta decisión, considerada como gravísima, puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la entidad. Además, la Procuraduría remitirá copias de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación debido a actuaciones en el proceso disciplinario que involucran pruebas de supuesta falta de veracidad.