Como inconveniente para el país calificó el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, la decisión adoptada por el Gobierno Nacional de congelar el precio de los peajes en el país.

El dirigente gremial, en rueda de prensa realizada esta mañana, dijo que “Esta medida causa un desequilibrio económico de los contratos, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menores a las previstas en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas”.

Señaló que la decisión gubernamental pone en riesgo nueve megaproyectos que se desarrollan en el sistema vial del país.

Estos son Tercer Carril Bogotá – Girardot, Antioquia – Bolívar, Cambao – Manizales, Chirajara – Fundadores (en vía Bogotá – Villavicencio), Autopistas del Caribe – Ruta Caribe 2, Malla Vial del Meta, Neiva – Girardot y Vías del Nus

Dijo Caicedo que en el caso de los concesionarios que indexaron el valor de sus peajes, antes de que entrara en vigor el mencionado decreto, tal como lo establecen los contratos, varios de ellos ya ajustaron sus tarifas con los valores que rigieron durante el año 2022. En otros casos específicos, donde la naturaleza de los contratos y la realidad económica de los concesionarios tienen particularidades, se están analizando los caminos que, al amparo de la ley, permita tomar las decisiones que sean del caso.

El dirigente señaló que en ausencia de recursos públicos, el sector privado, los bancos y los fondos de inversión han colocado el capital requerido para el desarrollo de la infraestructura, con la certeza de que la estabilidad jurídica y los contratos ofrecidos por el gobierno, crean las condiciones para la recuperación de la inversión realizada. Las tarifas de los peajes que se regulan por el propio Estado, son una de las fuentes de pago. 

El gremio de la infraestructura confía en los compromisos del gobierno, en el sentido de que los significativos recursos que dejarán de percibir las concesiones, por cuenta de los alcances del decreto, serán restablecidos por el propio Estado, mediante los dineros que, como establece la ley, provendrán del denominado Fondo de Contingencias y otras alternativas que acuerden las partes.

Caicedo aseguró que la participación privada en el desarrollo de infraestructura, como principal aliada del Estado, ha permitido dar un salto de enormes proporciones en pro de la modernización de la red vial del país. 

Durante los últimos 27 años, gracias al modelo de concesiones, el cual se financia con los dineros provenientes del recaudo de los peajes, el país ha construido, intervenido y mejorado más de 10 mil kilómetros de carreteras a lo largo y ancho de la geografía nacional. Es evidente que se trata de un modelo virtuoso que no solo ha contribuido a cambiar para bien el semblante físico de las vías, sino que ha redundado en un país más moderno, competitivo e interconectado.

Finalmente sostuvo que el país puede tener la certeza de que los concesionarios seguirán con su compromiso inquebrantable de trabajar en función del desarrollo, la modernidad y la competitividad de la nación.