Ante el despacho del Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, envió queja disciplinaria contra el jefe de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Gerardo Augusto Cubides.

Según Uribe, hizo la notificación porque presuntamente diligenció y firmó el formulario titulado “Formulario para Solicitud de Alocución Presidencial”1, documento oficial de la Comisión de Regulación de comunicaciones (CRC) que debe ser presentado como requisito previo para autorizar transmisiones presidenciales 
en medios masivos de comunicación.

En dicho formulario, se observa en la imagen anterior, el señor Cubides afirmó bajo su firma que la transmisión solicitada para el día 21 de abril de 2025 a las 7:00 p.m., con una duración estimada de dos horas, versaría sobre una “Emergencia sanitaria – Fiebre amarilla”. Además, en el mismo documento marcó afirmativamente que:
El mensaje sería de carácter personal; El contenido versaría sobre asuntos urgentes de interés público; Era necesario informar sobre el asunto a la ciudadanía para garantizar su participación efectiva; El mensaje se relacionaba con el ejercicio de las funciones presidenciales; La alocución no correspondía a una 
intervención en el marco de un Consejo de Ministros.

No obstante, en los hechos acaecidos el día 21 de abril de 2025, el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, transmitió por señal de televisión nacional una sesión del Consejo de Ministros, tal como queda evidenciado en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=XQ4aYWacNMo

Como cuarto punto, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, incluyó en el texto que en el video se observa que, en el tiempo que duró la transmisión de la supuesta alocución, no solo usó la palabra el Presidente. También lo hicieron el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la directora Ideam, Ghisliane Echeverry; la directora INS, Diana Pava; y el viceministro de Salud, Jaime Urrego.

Y dejó claro que: "Es evidente que el contenido transmitido por el Presidente no fue una alocución presidencial sobre una emergencia sanitaria, como se indicó en el formulario presentado por el señor Cubides, sino una intervención política y deliberativa del Consejo de Ministros, contrariando así lo dispuesto por el Consejo de Estado, que había advertido sobre los límites de este tipo de transmisiones.

En la misma queja disciplinaria, señaló "que la conducta del señor Cubides constituye, al menos en apariencia, una posible falsedad en documento público o una posible inducción en error a una autoridad  pública, en tanto se utilizó un medio oficial para solicitar una autorización basada en hechos falsos o deliberadamente tergiversados, lo cual permitió que el  Presidente de la República hiciera un uso indebido de la señal pública nacional, contraviniendo una orden judicial vigente y afectando la transparencia institucional.

También indicó que la actuación podría implicar faltas gravísimas a la luz del régimen disciplinario, en la medida en que se habría hecho uso indebido de la función pública, se desinformó deliberadamente a una entidad reguladora y se facilitó el incumplimiento de una orden judicial por parte del Presidente de la República, a 
través de medios administrativos.

A su vez, indicó que es urgente que la Procuraduría General de la Nación ejerza sus facultades de control y vigilancia, y actúe de manera inmediata para investigar esta irregularidad. El Ministerio Público, como garante del adecuado comportamiento de los servidores públicos, debe indagar sobre las actuaciones del señor Cubides,
ya que su actuación no solo vulnera las normas vigentes, sino que también mina la confianza ciudadana en el correcto actuar de los funcionarios del estado.

Y por último, se exhorta a la Procuraduría General de la Nación a que investigue la irregularidad narrada y que, en caso de hallarse culpabilidad, aplique las sanciones correspondientes. Este tipo de comportamientos no solo afectan la transparencia en la administración pública, sino que también atentan contra los 
principios de moralidad y transparencia que deben regir toda acción de gobierno.