El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, señaló que para lograr una adecuada articulación que permita atender las necesidades educativas en las zonas rurales de Colombia el punto de partida debe ser la concertación de una renovada política de Estado, lo que se traduce en un “diálogo para construir educación”. 

Así lo dijo el jefe del Ministerio Público en el Congreso ‘Diálogos constitucionales: una construcción colectiva’, organizado por la Corte Constitucional, en Nieva, en el que se discutieron y plantearon, entre otros temas, fórmulas para garantizar el derecho a la educación en zonas rurales y comunidades étnicas del país.

Subrayó que se debe facilitar la construcción de consensos con vocación de permanencia que involucren a toda la sociedad, que deben incluir a los actores del sector político, las asociaciones de maestros y estudiantes, entre otros, que permitan la articulación de los gobiernos departamentales, municipales y nacionales en un mismo propósito, que traspase los límites temporales de un cuatrienio constitucional o de las administraciones territoriales en turno, para lograr una educación disponible, accesible y adaptable.    

​Como solución para romper las barreras que encuentran los jóvenes en las zonas rurales para acceder a una educación de calidad, propuso una estrategia de cinco puntos que contempla mejorar la infraestructura de las escuelas para que cuenten con aulas adecuadas y espacios seguros; contar con rutas de transporte gratuitas o subsidiadas para que las distancias no sean un obstáculo para acudir a las clases; establecer una canasta educativa diferencial; crear incentivos salariales y de bienestar para los docentes rurales, y generar currículos diferenciados para las zonas rurales que integren saberes locales y formación técnica.    

Cerrar la brecha

Agregó que la política de Estado planteada debería tener como prioridad cerrar la brecha entre la educación rural y la urbana, “de modo que todos los jóvenes colombianos, independientemente de su entorno, tengan la garantía de acceso a un sistema educativo que transforme sus vidas en positivo, con una formación de buena calidad, adaptada a sus necesidades individuales y comunitarias, y sin discriminación y obstáculos para los jóvenes campesinos, especialmente quienes integran nuestras preciosas e indispensables etnias colombianas”.  

“La Procuraduría General de la Nación, en su rol de vigilante del cumplimiento de la Constitución y como garante de la efectividad de los derechos de todos los colombianos, viene desplegando sus atribuciones y su posibilidad de incidencia para que esa política de Estado pueda llegar más pronto que tarde”, puntualizó el jefe del órgano de control.​