Promover la creación de empleo e ingresos dignos, extender la protección social, salvaguardar los derechos fundamentales del trabajo, fortalecer el diálogo social y el tripartismo, generar entornos laborales saludables y seguros, así como las transiciones justas comprometidas con el cierre de brechas de género, son los objetivos que quedaron incluidos por el Gobierno del Cambio en esta política.

Además, otorgará el reconocimiento del trabajo en todas sus formas, a ampliar la visión de los derechos de las y los trabajadores, con inclusión de las personas en formación, los aprendices, voluntarios, trabajadores de la economía formal e informal, la rural, economías populares, solidaria, comunitaria y del cuidado, entre otros.

El decreto 1527 del 19 de diciembre de 2024 del los ministerios de Trabajo, de Salud y Protección Social, de Comercio, Industria y Turismo, de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación, señala que esta política va dirigida a la promoción y garantía de los derechos fundamentales del trabajo y también da cumplimiento al artículo 75 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.

“Este es un esfuerzo institucional que se suma a otras iniciativas que venimos materializando en el Ministerio del Trabajo”, explicó la ministra  Gloria Inés Ramírez Ríos.

“La reforma laboral que se encuentra en discusión del Congreso de la República, la Ley Pensional que entrará en vigencia el 1 de julio de 2025, la creación y puesta en marcha del Consejo Nacional de Economía Popular, la Política de Equidad de Género que se viene implementando con el Grupo Élite de Inspección, Vigilancia y Control de Género, inserción de las poblaciones excluidas de nuestro país, así como la política de incentivos de generación de Empleos para la Vida, son varios de los programas que estamos desarrollando”. 

En cuatro dimensiones

La política pública cuenta con cuatro dimensiones: Promoción de la generación de empleo digno y decente, y la mejora de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, la formalización del empleo, a partir de la garantía de condiciones laborales justas, equitativas y dignas.

Un segundo aspecto, es la extensión de la protección social de la población con el fin de brindar garantías a trabajadores y trabajadoras y su núcleo familiar, durante su vida laboral y en caso de contingencia o terminación de su etapa productiva, promoviendo esquemas de prevención y el desarrollo de actividades productivas en entornos adecuados.

Garantía de derecho fundamental al trabajo a nivel individual y colectivo, especialmente para la atención a las poblaciones y sujetos de especial protección constitucional y la eliminación de las formas inaceptables de trabajo, así como la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas, conforman la tercera dimensión.

La cuarta hace referencia a la promoción del diálogo social como mecanismo de concertación y participación para avanzar en la eficacia de los derechos fundamentales del trabajo como, por ejemplo, la promoción de la organización social, gremial y sindical, los derechos colectivos, los derechos a un entorno saludable y la eliminación de todo tipo de discriminación y las transiciones justas.