El Ministerio de Salud y Protección Social asignó un total de $9.922 millones de pesos para cofinanciar la vigencia 2024 del proyecto de implementación del Certificación de Discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, RLCPD. 

Los recursos desembolsados fueron invertidos en la implementación del procedimiento de certificación de discapacidad en el costo de las valoraciones multidisciplinarias.

El objetivo de estas consultas es establecer, de manera objetiva, si el paciente cuenta con algún tipo de discapacidad que lo haga acreedor al certificado y al registro aquí mencionado.

Este programa inició en el año 2020 y a corte de octubre de 2024 se ha alcanzado un total de 414.945 personas certificadas.

¿Cómo acceder?

Este procedimiento es gratuito para los ciudadanos que lo soliciten, ya sean adultos jóvenes, personas mayores, niñas, niños o adolescentes, sin límite de edad, quienes por autorreconocimiento consideran que cuentan con algún tipo de discapacidad.

Para dar inicio al trámite, los pacientes deben solicitar su historia clínica ante su EPS; una vez lo obtengan, deberá ser entregada, junto con la solicitud para la certificación de discapacidad, a la secretaría de salud de su ciudad o municipio. Cuando la entidad apruebe dicha petición, se expedirá un nuevo documento, acompañado de un código, el cual debe presentar cuando sea llamado a la cita de valoración multidisciplinaria de discapacidad. 

Esta entrevista es orientada por un equipo multidisciplinario que puede estar conformado por un médico general o especialista, un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un enfermero, un optómetra o un trabajador social, según disponibilidad.

La certificación de discapacidad colombiana está basada en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIF, Este proceso permite determinar la existencia de alguna discapacidad mediante la evaluación de siete posibles deficiencias en funciones y estructuras corporales, limitación en las actividades y restricción en la participación.

Se identifican además las diferentes categorías de discapacidad: física, auditiva, visual, psicosocial o mental, intelectual, sordera, ceguera, y múltiple (dos o más categorías discapacidades).

Si la valoración indica que existe alguna de estas posibles discapacidades, se le entrega al paciente su certificado, emitido desde un aplicativo especial del ministerio, el cual le sirve para acceder a beneficios sociales, como apoyo para el trabajo, educación, vivienda, deporte, cultura, o una indemnización administrativa por parte de la Unidad de Víctimas. Estas ayudas buscan mejorar su inclusión social y su calidad de vida.

La información recopilada a través del RLCPD es fundamental para la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas que promuevan los derechos de las personas con discapacidad. 

Este esfuerzo no solo apoya a las entidades territoriales y ESE en la implementación de procesos cruciales, sino que también sienta las bases para una gestión más efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su bienestar integral hasta en los rincones más apartados del país.