El Ministerio de Salud ordenó la asignación de recursos económicos a los departamentos y distritos certificados en salud, destinados a la cofinanciación de las atenciones de urgencias prestadas a la población migrante no asegurada o en condición irregular. 

También se establecen las condiciones para el giro de los recursos a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas, como las Empresas Sociales del Estado, E.S.E y las IPS.

El propósito de esta resolución es ayudar a estas entidades a sanear sus finanzas, tras las deudas que contrajeron, principalmente con la red pública de sus territorios. 

Después del reporte que los prestadores hicieron ante el Registro Especial de Prestadores de Salud, REPS, respecto de las facturas radicadas se evidenció que la deuda global ascendía a $675.311 millones de pesos.

Por esta razón, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, ordenó a la ADRES liberar $326.926 millones de su presupuesto, para  cofinanciar cerca del 50% de la deuda reportada.

“Vamos a pagar, por orden presidencial $327 mil millones, que van a llegar a todas las clínicas y hospitales que atendieron migrantes y que necesitan esos recursos”, enfatizó.

La asignación de recursos estará repartida en 30 departamentos y 6 distritos certificados en salud, y serán girados por la ADRES directamente a 659 E.S.E. e IPS, en nombre de las entidades territoriales.

Así las cosas, los 327 mil millones serán repartidos de la siguiente manera:

⦁ 404 E.S.E. recibirán $299.489 millones

⦁ 251 IPS privadas recibirán $23.939 millones.

⦁ 4 IPS mixtas recibirán $3.498 millones.

Los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Chocó no reportaron información de deuda reconocida pendiente de pago por estas atenciones de urgencia.