Las instituciones responsables del manejo del agua, junto con líderes de los pueblos indígenas, líderes espirituales, acueductos comunitarios, comunidades afrodescendientes y campesinas, instituciones del Estado del nivel nacional, regional, departamental y local, así como reconocidos académicos entre otras organizaciones de la sociedad civil, construyeron un decálogo de propuestas para enfrentar los problemas de acceso al agua potable.

Se trata de un manifiesto por la defensa del agua con iniciativas que van desde transformar el modelo de desarrollo, para que la prioridad sea cuidar el ciclo del agua, hasta replantear el rol de las instituciones y redefinir la regulación del sector.

Las propuestas están consignadas en un documento que resume las conclusiones del encuentro, “El Agua como Bien Común”, que se realizó en Santa Marta, liderado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA.

La directora ejecutiva de la CRA, Ruth Quevedo, explicó que “la propuesta es un llamado contundente desde las comunidades para construir las soluciones que necesita el país en materia de acceso al agua apta para consumo, teniendo en cuenta que actualmente 367 municipios tienen problemas de escasez”.

El documento se constituye en una nueva agenda del agua, cuyo enfoque para la prestación del servicio es preservar su ciclo natural “hacia un modelo empático, que preserve la vida en todas sus formas y su diversidad biológica y cultural”.

Además, propone “optar por un nuevo paradigma para reordenar la forma de ocupar los territorios, a partir de la valoración multidimensional que tiene el agua”.

Otro de los puntos de la propuesta es “revisar la estructura institucional del agua, su funcionalidad territorial e instrumentos, armonizando la normatividad existente, la asignación de los recursos y redefiniendo e integrando la política y regulación del agua”.

Así mismo, las organizaciones que participaron en el Encuentro, previo a la COP16, piden “adelantar una reforma al Sistema Nacional Ambiental que asegure su eficacia misional y la garantía de derechos”.

Las propuestas fueron construidas a partir del diagnóstico sobre el creciente estrés hídrico o escasez de agua dulce, que se ha propagado por el mundo desde el año 2000. Según Naciones Unidas, 2.300 millones de personas en todo el mundo se enfrentan actualmente a escasez de agua, se prevé que para 2050, la sequía podría afectar a más del 75% de la población mundial.

De acuerdo con la CEPAL, más del 80% de los conflictos en América Latina y el Caribe, están asociados con el agua, siendo esta una de las regiones con mayor disponibilidad de agua dulce del Mundo.

De acuerdo con el indicador global de recursos renovables de agua dulce, Colombia es el tercer país de América Latina y el Caribe, después de Perú y Chile con mayor capacidad de reservas de Agua per cápita.

Finalmente se plantea “instar a las entidades que conforman el Consejo Nacional del Agua y la CRA, para que articulen sus esfuerzos en la expedición de una Resolución Ministerial a ser presentada al Presidente de la República, que contenga recomendaciones para la concreción de esta agenda.