El pasado 16 de agosto de 2024, se encendieron las alarmas en Bogotá tras el descubrimiento de material bélico y una maqueta que parecía representar el Palacio de Justicia. Este hallazgo generó preocupación entre las autoridades, quienes decidieron reforzar la seguridad en los alrededores del edificio para proteger a los trabajadores y magistrados.

En respuesta a esta situación, hoy martes 20 de agosto se convocó una reunión prioritaria que contó con la participación de los presidentes de las altas cortes, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Bogotá. Durante esta reunión, se abordó el riesgo de un posible atentado contra el Palacio de Justicia, un tema que ha generado gran preocupación entre las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad.

Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a unirse en defensa de la justicia. Subrayó la importancia de rechazar cualquier intento de intimidación y de fortalecer el respaldo a los jueces y servidores judiciales que trabajan para preservar el Estado de derecho.

Remolina enfatizó que los jueces deben poder ejercer su labor sin estar sometidos a presiones o amenazas, actuando únicamente conforme a los mandatos de la Constitución y de la ley. Cualquier intento de socavar esta independencia, advirtió, es un ataque directo contra los pilares de la justicia en el país.

Además, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura advirtió sobre los peligros de que la justicia sea "avasallada" por comunicados o mensajes de personas o grupos con intereses particulares. Estos actores, según Remolina, no deben tener la capacidad de influir en las decisiones judiciales, que deben mantenerse imparciales y justas.

Finalmente, Remolina instó a la sociedad a demostrar su compromiso con la independencia judicial, valorando y protegiendo a quienes se encargan de impartir justicia en Colombia. En momentos como este, afirmó, es crucial que todos los sectores de la sociedad se unan para defender los principios fundamentales que sostienen la democracia y el Estado de derecho.