El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, ratificó hoy su preocupación por la situación que atraviesan varios prestadores de servicios públicos, como Enercer y Afinia debido al incumplimiento en el pago de la deuda de subsidios por parte del Gobierno Nacional.

Igualmente el gremio solicitó solventar urgentemente la deuda para garantizar continuidad en los servicios de energía eléctrica y gas natural para todos los ciudadanos, así como asegurar que Air-e Intervenida pueda cumplir las obligaciones de pago con otros agentes de la cadena

Sánchez dijo que Colombia ha contado por más de 30 años con una política pública clara de solidaridad en la que el Gobierno Nacional entrega a las empresas prestadoras de energía y gas, los recursos del presupuesto de la Nación faltantes para cubrir el subsidio que se entrega a los usuarios más vulnerables del país. 

Esto es lo que permite que a usuarios de estrato 1 se les aplique un descuento hasta del 60 % del costo unitario del servicio de energía eléctrica y gas natural; hasta del 50 % para estrato 2 de ambos servicios; y de 15 % para los usuarios de estrato 3 de energía eléctrica.

Andesco aclaró que “el incumplimiento del Gobierno pone en riesgo la continuidad del servicio al no poder pagar obligaciones contractuales con proveedores, afectando especialmente a los usuarios de menores ingresos. Las empresas están comprometidas con la continuidad de los servicios públicos y lo han demostrado de manera inquebrantable, pero al no recibir la totalidad de los recursos del Estado por más de tres trimestres seguidos se han visto obligadas, en muchos casos, a limitar el pago a sus proveedores lo que afecta la continuidad de la operación”.

Dijo el dirigente gremial que no se puede exigir la prestación del servicio sin reconocer los costos que implica garantizarlo. Las empresas prestadoras de servicios públicos operan bajo los principios de sostenibilidad financiera y eficiencia establecidos en la Ley 142 de 1994. “Exigir la prestación incondicional del servicio sin los recursos necesarios para cubrir los costos que ello implica representa una carga desproporcionada para los prestadores y una amenaza a su estabilidad”, aseguró.

Las decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos deben considerar la viabilidad del sistema y su responsabilidad como interventor de Air-e. Según lo dispuesto en el artículo 370 de la Constitución Política y el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, le corresponde a la Superservicios efectuar la inspección, vigilancia y control de quienes prestan los servicios públicos domiciliarios en Colombia. 

Esto busca asegurar la prestación eficiente, la sostenibilidad financiera y preservar los derechos de los usuarios. 

Por lo tanto, indica Andesco, las competencias de esta entidad deben reconocer que la sostenibilidad del sector depende de que los agentes cuenten con los recursos necesarios para operar y cumplir sus obligaciones contractuales.

En tal sentido, señala el gremio, para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales debe considerar que uno de los principales instrumentos de intervención del Estado en los servicios públicos, establecido en el numeral 7 del artículo 3 de la Ley 142 de 1994, es el “otorgamiento de subsidios a las personas de menores ingresos”; por ello debería coadyuvar en las gestiones que realizan las empresas para lograr el otorgamiento de los subsidios a los usuarios.

Por otra parte, tampoco puede olvidarse que la toma de posesión con fines de liquidación tiene como fundamento proteger el interés general, el orden económico y evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios. 

Es por ello que resulta imperativo que en desarrollo de sus funciones de monitoreo y seguimiento a AIR-E S.A. E.S.P. y de la estructuración de la solución empresarial, la Superintendencia priorice el cumplimiento de las obligaciones con los agentes del mercado eléctrico, que ya supera $1.5 billones de pesos, poniendo especialmente a los generadores térmicos en riesgo, reiteró Sánchez.

El gremio exige soluciones concretas y cumplimiento del Gobierno Nacional, sin condicionamientos fuera de la Ley. “Si bien, el día de ayer, gracias al anuncio realizado por la empresa de gas Enercer y Andesco, se suscribió un compromiso de pago inmediato por parte del gobierno evitando la interrupción del servicio de gas natural para más de 22 mil familias en Boyacá, ratificamos la necesidad de que este se cumpla, y sea extensivo para todas las empresas a las que se les adeuda”.

Se debe honrar las deudas para no poner en riesgo al país, pagando a las empresas de energía y gas la totalidad de la deuda acumulada por subsidios ya aplicados, que para la vigencia 2024 es de $2.84 billones de pesos con corte a 28 de febrero de 2025. Lo anterior con el fin de asegurar el flujo de recursos y evitar afectaciones a la prestación del servicio para los usuarios.