El abogado José Gabriel García habló a través de Econoticias sobre la necesidad de que los juristas que defienden a las personas de escasos recursos tengan todas las garantías contractuales que ofrece la ley para cualquier empleado, y se refirió a una acción  legal con la que pretende eliminar la calidad de contratistas para dichos profesionales.

"La situación de los defensores públicos en Colombia es caótica. Yo presenté una demanda de inconstitucionalidad el día 8 de noviembre en la Corte Constitucional para que estudie la forma de vinculación laboral de los abogados a la Defensoría del Pueblo", explicó García.

Según el defensor, existen profesionales del derecho que llevan hasta dos décadas prestando sus servicios sin recibir las prestaciones naturales de cualquier trabajador, pese a que cumplen con una labor de vital importancia para los ciudadanos que tienen la necesidad de ser representados.

"El defensor público debe ser un empleado de planta de la institución, porque tiene la finalidad de defender los derechos humanos, en este caso, de las personas que no tienen capacidad económica para pagar los honorarios de un abogado. Hay defensores que tienen 15 o 20 años de servicio y todo el tiempo a través de un contrato", agregó el abogado.

José Gabriel García cuestionó el hecho de que un defensor público reciba una remuneración inferior a la mitad de lo que ostenta un fiscal o un procurador.