Imputaron cargos al alcalde del Líbano por tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal
La Fiscalía 53 imputó cargos al alcalde del Líbano, Jesús Antonio Giraldo, a su asesor jurídico Jaime Berján Rodríguez y a Jairo Arango Castaño, representante del Club Tayrona, por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.
El Fiscal Carlos Lozano relató que los hechos que involucran al mandatario se refieren al supuesto manejo amañado que realizó Jesús Antonio Giraldo, junto a Berján Rodríguez y Arango Castaño al momento de comprar el terreno del club Tayrona.
En la audiencia pública se expuso que las convocatorias y reuniones de los asociados, así como los documentos presentados ante la Gobernación del Tolima, habrían sido manipulados para que durante el mandato de Luis Carlos Delgado Peñón se emitiera la resolución 486 del 14 de enero del 2014, que reconocía el club de tejo Tayrona y a la nueva junta directiva, en cabeza de Jaime Arango Castaño.
En el caso del abogado Jaime Berján, quien se desempeñaba como asesor jurídico de la Alcaldía del Líbano, fue señalado por la Fiscalía como coautor y según el fiscal 53 sería el encargado de todas las tareas necesarias para comprar el lote del terreno donde funcionaba el Club Tayrona, para luego venderlo y repartir el dinero de dicha negociación.
Vale la pena destacar que el alcalde Jesús Antonio Giraldo Vega, quien podría ser destituido y enviado a la cárcel, fue imputado en calidad de coautor por los delitos de tráfico de influencia de servidor público en concurso con fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo.
En cuanto al abogado Jaime Berján Rodríguez, quien se desempeñaba como asesor jurídico, se imputó en calidad de coautor por los delitos de tráfico de influencia de servidor público, fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo. En este caso, Giraldo y Berján se exponen a una pena de 72 a 144 meses.
Por último, Jairo Arango Castaño, quien fungía como presidente del club de tejo Tayrona también se le imputaron cargos como coautor el delito de fraude procesal y podría enfrentar seis años de prisión y además ser inhabilitado para el ejercicio y funciones públicas entre cinco a ocho años. Vale la pena destacar que ninguno de los imputados aceptaron los cargos.
