Los presos que quieran prisión domiciliaria deberán pagar su brazalete
El presidente de la República Iván Duque y el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, firmaron un decreto 1058 del 7 de septiembre de 2020, que determina que las personas que se encuentran privadas de su libertad deberán pagar por su mecanismo de vigilancia electrónica.
En el decreto se lee que "cualquier persona que sea beneficiaria del mecanismo de vigilancia electrónica, estará obligada de acuerdo con su capacidad económica a cancelar la tarifa establecida por el Gobierno nacional para su asignación y uso".
No obstante, hace la salvedad respecto a la capacidad de pago del mismo. "Sin embargo, la imposibilidad de pagar la totalidad o una parte de la tarifa de asignación y uso no impedirá el acceso al mecanismo de vigilancia electrónica o la elegibilidad para su otorgamiento, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno nacional".
Ante dicha decisión, el decreto específica las reglas para el pago de la totalidad o de una parte de la tarifa de asignación y uso:
Se presumirá la falta de capacidad de pago cuando el núcleo familiar al que pertenece el beneficiario, haga parte del Grupo A Población en pobreza extrema (desde A1 hasta A5), Grupo 8 Población en pobreza moderada (desde 81 hasta 87) y el Grupo C Población en situación de vulnerabilidad (desde C1 hasta C18) del Sisbén IV.
A su vez, se presumirá la imposibilidad de pagar por el brazalete cuando el beneficiario no declare renta.
Por otra parte, se podrá presumir la capacidad de pago si el beneficiario declara renta o está afiliado al sistema de salud en calidad de cotizante.
Además, la decisión también expone que el Inpec puede realizar acuerdos de pago parciales de acuerdo con la capacidad económica de la persona y establece que el Gobierno actualizará anualmente, o cuando las circunstancias lo ameriten, la tarifa del brazalete electrónico, también actualizará la forma en la que los beneficiarios pueden demostrar la capacidad de pago o falta de esta.
Todo lo anterior, sumado a otros requisitos serán contemplados en el momento de la entrega de la manilla de vigilancia y que quedarón consignados en el decreto que empezó a regir desde ayer 7 de septiembre, fecha de su publicación y firma.
