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IBAGUÉ - COLOMBIA, 26.Octubre.2021
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  |   08.Julio.2021   |   Por:  
Ecos del Combeima

Lo que dice la CIDH sobre el asesinato de Santiago Murillo

Alcaldía de Ibagué
Crédito: 
Tomada de internet
El informe cuestiona que los hechos se relacionen por la Policía Nacional como actos del servicio.

Polémica ha generado en el país el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas que se presentaron desde el 28 de abril en el marco del paro nacional.

En uno de los apartes el documento hace referencia al caso de Santiago Andrés Murillo, el joven que fue asesinado el pasado primero de mayo en Ibagué, en el capitulo Uso de la Jurisdicción Penal Militar se relato el conflicto de competencia que se presenta entre la Justicia Penal Militar y la Justicia Ordinaria en este caso. (Informe). 

“La CIDH observó con preocupación que casos relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por policías, particularmente del ESMAD, están siendo conocidos por la justicia penal militar, al estimar que se encuentran comprendidos dentro de la noción de “actos del servicio”. Al respecto, la Fiscalía reporto que los casos relacionados con la muerte de Santiago Andrés Murillo y Brayan Fernando Nino Araque están siendo conocidos en la justicia penal militar, por lo que interpuso conflictos de competencia. Asimismo, en carta de 31 de mayo de 2021, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Ministerio de Defensa "la remisión inmediata de las diligencias y elementos de pruebas relativos a los casos que (...) [hayan sido cometidos con ocasión de posibles excesos por miembros de la fuerza pública en el marco de la jornada del paro nacional y] se relacionen con la presunta comisión de homicidios, lesiones personales dolosas y delitos sexuales", indica el informe.

Hay que recordar que el mayor Jorge Mario Molano, comandante de la Estación Norte de Ibagué, fue capturado en primera instancia por la Justicia Penal Militar el 10 de mayo, posterior a esto, se realizó una audiencia de conflicto de competencias donde se determinó que será la Corte Constitucional la que defina el futuro del proceso, unos días después fue dejado en libertad.

Molano se entregó a la Fiscalía General de la Nación el pasado 8 de junio al conocer que existía una orden de captura en su contra, luego de varios días de polémica y denuncias, se determinó que seguirá recluido en una cárcel mientras avanza el proceso.

El informe indica también en el capítulo recomendaciones respecto a la asistencia Militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar:

“Asegurar que, en caso de necesidad de participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, esa sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles. De igual manera debe de ser regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”

También recomienda que el fuero militar sólo sea utilizado para juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

Lo que dijo el Gobierno sobre el informe respecto al actuar de la Policía:  

“Desde prácticamente el segundo Gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable. Sobre todo, corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y era que durante los años en que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”, explicó el presidente Iván Duque.

Además, manifestó que “Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un Gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica, como una expresión de la ciudadanía”, precisó.

“Los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la Constitución y la Ley, y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la Ley les otorga”.

El mandatario recordó que los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos, ya que “vimos a niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas, vimos a personas perder el empleo y limitarse la movilidad por cuenta de esos bloqueos”.

Reiteró que esos bloqueos están claramente condenados en nuestro Código Penal y “nosotros seguiremos defendiendo el Código Penal colombiano para la protección de los derechos de todos los ciudadanos”. 

Naturaleza civil de la Policía Nacional

Respecto a la recomendación que hace la CIDH sobre que la Policía Nacional no se mantenga en el Ministerio de Defensa, el jefe de Estado consideró que “ese no es un tema de capricho en Colombia”, porque “desde prácticamente el segundo Gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable. Sobre todo, corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y era que durante los años en que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”.

“Se ha mantenido esa estructura dentro del Ministerio de Defensa, pero, además, la Constitución colombiana, en su artículo 218, luego de un gran debate que tuvo la Asamblea Constituyente, fue clara en definir la Policía en su naturaleza civil. Y está en el Ministerio de Defensa para tener esa coordinación armónica con todas las fuerzas, pero también para cumplir labores de carácter humanitario y de protección”, explicó.

Cero tolerancia frente a cualquier abuso

El mandatario recalcó que Colombia, como nación de instituciones y como una democracia estable, seguirá siempre reconociendo y defendiendo el derecho a la protesta pacífica, a la vez que enfrentando todos los actos de vandalismo, de criminalidad, de bloqueos, que atenten contra los derechos de los demás.

“Pero también con una conducta muy clara de cero tolerancia frente a cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la Fuerza Pública, que tiene que regirse por el más alto estándar de apego a los derechos humanos”, subrayó.

El presidente Duque anunció que la Canciller y vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, “estará exponiendo la respuesta oficial del Gobierno de Colombia al informe” y “nosotros seguiremos manteniendo el diálogo abierto y constructivo con todos los sectores, para que nuestro país marche exitosamente hacia adelante”.