El abundante acervo probatorio obtenido por la Fiscalía General de la Nación contra los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez (2012 – 2015) y Javier Eliécer Zapata Parrado (2016 – 2019) fue determinante para que, mediante preacuerdo, aceptaran su responsabilidad en múltiples actuaciones ilícitas que pusieron en riesgo millonarios recursos del departamento.

Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia detectaron una situación de macrocriminalidad, en la que los exfuncionarios, en asocio con algunos de sus entonces colaboradores, habrían suscrito irregularmente varios contratos de suministro y obras públicas entre 2012 y 2018, que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual.

En ese sentido, el exgobernador Rodríguez Sánchez reconoció su participación en el delito de concierto para delinquir agravado, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos, 35 hechos de peculado por apropiación y cinco eventos de cohecho propio. Por estas conductas recibiría una condena de 10 años de prisión en centro carcelario.

De otra parte, el señor Zapata Parrado aceptó su autoría en el delito de concierto para delinquir agravado, 24 conductas de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación; tres más de cohecho propio; uno de corrupción de sufragante, cuatro de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y uno de fraude procesal. Es así que sería sentenciado a ocho años y 27 días de prisión.

Con este preacuerdo se logró un compromiso sin precedentes, la devolución de $16.284’564.101 con la transferencia del derecho de dominio de tres inmuebles y la suscripción de seis pagarés.

Por disposición de la Fiscalía, esta suma será reintegrada al departamento de Guainía y deberá destinarse a atender programas sociales, de saneamiento básico y asistencia para las comunidades indígenas, pobres y vulnerables, como quiera que estas poblaciones fueron las directamente afectadas con el comportamiento ilícito de los exgobernadores.

El citado preacuerdo fue radicado ante la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para su estudio y legalización.