Los comerciantes del barrio Arkaniza 2, en la capital tolimense, denuncian una creciente ola de inseguridad, luego de que delincuentes ingresaran a robar un gimnasio de la zona utilizando una llave maestra. El hecho ocurrió en horas de la tarde del jueves 27 de marzo, cuando los asaltantes se movilizaban en un vehículo tipo Chevrolet Optra.

Según relató la propietaria del establecimiento afectado, “se bajaron dos sujetos, una mujer y un hombre, y abrieron la puerta trasera del local con una llave maestra. El hombre ingresó y se llevó el computador, el celular y la plata de la caja registradora en menos de tres segundos”. A pesar de que se activaron las alarmas, la Policía nunca llegó al lugar, lo que genera gran preocupación entre la comunidad comercial.

La zona, que se ha consolidado como un punto de alto flujo comercial, alberga cerca de 120 locales. Sin embargo, sus habitantes denuncian que la presencia policial es prácticamente inexistente. “Yo no tengo ni siquiera el número del cuadrante. Cuando uno llama, no aparecen. Aquí no hay un acompañamiento constante de las autoridades”, dijo otra comerciante que ha sido víctima de dos robos desde diciembre del año pasado.

Los vendedores señalan que los raponazos a peatones que esperan el transporte público son constantes, y la percepción de inseguridad ha afectado directamente las ventas. “La gente llega al local mirando para todos lados, con miedo. Algunos clientes prefieren no bajarse del carro o no recoger pedidos por temor a ser atracados”, contó una de las afectadas.

Cabe recordar que, en el mismo sector, el pasado 2 de abril, fue asesinado Germán López Barrios durante un intento de hurto. Por este crimen fue capturado Kevin Andrés Correa Ramírez, alias Kevin, quien fue enviado a prisión como presunto responsable. Tras ese homicidio, según los testimonios, la única presencia policial que se notó fueron tres rondas esporádicas en motocicleta, sin mayores resultados.

Los comerciantes hacen un llamado urgente a la Policía Metropolitana de Ibagué, a la Secretaría de Gobierno y a la alcaldesa Johana Aranda para que intervengan con acciones concretas. “Pagamos impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones legales, pero sentimos que estamos solos. No sabemos en qué momento nos van a volver a robar o, peor aún, a matar por trabajar”, concluyó Ramírez.