Producto de extenuantes labores investigativas y de la sustentación jurídica por parte de una Fiscalía seccional adscrita a la Unidad de Administración Pública del Tolima, en las últimas horas el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué, condenó a la pena de 6 años de prisión (72 meses), a Henry José Mejía Padilla.

Según las autoridades, este hombre desempeñaba actividades como funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en esta capital, siendo acusado por los delitos de concusión y cohecho impropio.

Esta redacción conoció que la sentencia se efectuó mediante preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa, en el cual se estableció una rebaja en la pena a purgar, luego de degradar su participación en calidad de autor a cómplice.

De acuerdo a la Fiscalía, Mejía Padilla se desempeñaba como oficial de catastro grado 7 del IGAC en la capital tolimense, situación que al parecer aprovechaba para realizar exigencias económicas a propietarios de bienes inmuebles, a cambio de agilizar y efectuar trámites relacionados con englobes, desenglobes, disminución del valor de los avalúos, entre otros procesos propios de su cargo. 

De acuerdo con las labores investigativas, el monto de los dineros obtenidos de 22 víctimas, sería aproximadamente de 15 millones de pesos.

Fue así que al realizar la búsqueda selectiva en bases de datos, las autoridades pudieron comprobar el hoy acusado reclamó los dinero 'calientes' en diferentes casas de giros y remesas, no solo en Ibagué, sino también en varios municipios cercanos, pues su labor se extendía hacia otras zonas del departamento donde debía realizar las visitas de rutina a los inmuebles.

El funcionario de carrera administrativa fue descubierto tras la denuncia realizada por una víctima,  a quien le tenía suspendido un proceso por cerca de 6 años, por el cual ya le habían pagado.

Las quejas empezaron a ser reiterativas ante la entidad y llegaron a oídos del mismo Director, quien brindó información valiosa a los funcionarios de Policía judicial de la Fiscalía, para adelantar el proceso investigativo.

Otro de los elementos de prueba fue el resultado de los análisis realizados a varias horas de grabación de las llamadas que le fueron interceptadas, en las que les exigía dinero a los propietarios de los bienes inmuebles a cambio de agilizar y efectuar trámites gratuitos.

Es de recordar que el hoy condenado fue detenido en octubre de 2018 por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), momentos en los que se encontraba en su lugar de trabajo en la capital tolimense.