El juzgado octavo penal de conocimiento absolvió al empresario Jaime Sorroza Landia, el revisor fiscal Eder Homes Vanegas, el abogado Raúl Humberto Monroy Gallego y al contador público Ernesto Bernal Quintero en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

Las acusaciones correspondían al cambio de razón social de las empresas Molinos San Isidro y Sorroza y Suárez que eran sociedades limitadas y se convirtieron en S.A.S además de la venta de un lote conocido como La Cabaña Tres a Serviarroz, aparentemente a pocos días de la muerte de la señora Ana Julia Suárez esposa del empresario Jaime Sorroza, por lo que fueron acusados de falsificar su firma.

Antecedentes 

Los alegatos de los demandantes, hermanos de doña Ana Julia, se basaban en que la sociedad y Sorroza y Suárez tenía un artículo que si la señora Ana Julia fallecía los bienes debían ser administrados por su familia hasta que se completara la sucesión.

El abogado Wilson Vallejo quien representó en el proceso a Serviarroz comentó que la defensa y la Fiscalía expusieron sus pruebas y se encontró que Jaime Sorroza y sus asesores no incurrieron en falsedad en el documento demandado por los hermanos de su esposa.

“El testimonio del cardiólogo fue clave pues explicó que la señora Ana Julia estaba aislada de su vida social pero nunca perdió su conocimiento, ella falleció estando muy lucida”, indicó Vallejo.

Enfatizó que el proceso tardo 6 años y causó serios perjuicios a Jaime Sorroza pues los hermanos de su esposa fueron mal asesorados por un grupo de personas que les hicieron creer que ellos eran los herederos forzosos y querían desconocer la voluntad de la señora Ana Julia.

“Desde muy joven la señora Ana Julia realizó un testamento a favor de su esposo y éste a su vez hizo uno a favor de ella, es decir en caso de que cualquier falleciera quien heredaría sería su conyugue ya que no tenían hijos y los padres ya habían fallecido, solo quedaron los hermanos y ellos no eran herederos forzosos, en este caso no tenían ningún tipo de derecho y por eso se demoró mucho el proceso ya que ellos entorpecieron el proceso y fueron demasiado ácidos en su actuar”.

Puntualizó que las acciones que tomaron los hermanos de Ana Julia Suárez afectaron el patrimonio y el buen nombre no solo de Jaime Sorroza sino también de terceros como Serviarroz y Torreón por lo cual el Estado tendrá que entrar a responder por las afectaciones.

“En Santa Helena estaban desarrollando un proyecto de vivienda de interés social liderado por Serviarroz y Torreón que fueron afectados por una medida cautelar de casi 4 años, fueron despedidas más de 600 personas y esos daños y perjuicios serán los que tendrá que entrar a reparar el Estado”.

El proceso continuará su curso ya que la Fiscalía y el Ministerio  Público interpusieron apelación y pasará al Tribunal Superior.