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Buscan sancionar a quienes provoquen incendios para la apropiación ilícita del territorio 

La iniciativa es del representante del Centro Democrático por el Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta. 
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Jaime Arizabaleta, representante a la Cámara
Crédito
El País
3 Oct 2026 - 7:33 COT por Alfonso Aya Roa

Ante la secretaría de la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que establece medidas para prevenir y sancionar a quienes provoquen incendios con el fin de apropiarse ilícitamente del territorio. 

La iniciativa también busca proteger las áreas afectadas y evitar su aprovechamiento ilícito, ocupación, transformación o explotación ilegal. 

“Lo que quiero con este proyecto es evitar que manos criminales sigan incendiando el país, acabando la cobertura vegetal para dejar inservibles una serie de terrenos, que luego ocupan ilegalmente o aprovechan para el loteo, la urbanización ilegal, la explotación de recursos, la apertura de vías o el establecimiento de cultivos de uso ilícito”, explicó el representante Arizabaleta. 

El proyecto propone fortalecer las herramientas penales, administrativas, patrimoniales y de investigación. Asimismo, plantea crear nuevos delitos y agravantes para los casos en que los incendios tengan como finalidad la apropiación o explotación ilícita del territorio, así como sancionar el aprovechamiento económico consciente de terrenos afectados por estos incendios cuando exista conocimiento de su origen ilícito.

Adicionalmente, y según el articulado, se crearía un Registro Nacional de Áreas Afectadas por Incendios de la Cobertura Vegetal que permita a las autoridades conocer el historial de los terrenos antes de tomar decisiones relacionadas con su adjudicación, formalización, uso o explotación.

El proyecto contempla igualmente medidas para la extinción de dominio de bienes vinculados a estas actividades ilícitas y plantea priorizar recursos para la restauración de las áreas afectadas, la prevención de incendios, el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos y las capacidades de las autoridades.

En términos generales, la propuesta busca que el incendio provocado no pueda convertirse en una herramienta para facilitar la apropiación y explotación ilegal del territorio, fortaleciendo la capacidad del Estado para prevenir, investigar, sancionar y evitar que las áreas afectadas sean posteriormente aprovechadas ilícitamente.