Un llamado urgente a los empresarios del sector de alimentos y bienes de aseo para que se comprometan con las donaciones a los Bancos de Alimentos y aprovechen los beneficios de la Ley 2380 de 2024 para enfrentar la crisis alimentaria que vive Colombia hizo la representante a la Cámara, del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, durante el Octavo Foro Sostenibilidad y Economía Circular

“La seguridad alimentaria en nuestro país sigue en estado crítico donde más de 13 millones de personas viven en inseguridad alimentaria moderada o severa, y 1,6 millones pasan uno o más días sin comer y recordó que la situación, no es de escasez, sino de desperdicio al señalar que cada año se pierden 9,76 millones de toneladas de alimentos, de las cuales 6,22 millones se pierden en la cadena productiva y 3,54 millones se desperdician en hogares, distribución y almacenamiento.

Robayo enfatizó que la Ley 2380 es un paso vital, ofreciendo un descuento fiscal del 37% a las empresas que donen alimentos, transporte incluido, y con la posibilidad de extender este beneficio por cuatro años. “Esperamos que este incentivo fiscal motive a más empresas a sumarse a la lucha contra el hambre”, afirmó.

La congresista subrayó que la ley busca garantizar que las 1,6 millones de personas que hoy no tienen qué comer puedan hacerlo diariamente y reducir el desperdicio de alimentos en al menos un 5%, lo cual también tendría un impacto positivo en el medio ambiente. La experiencia internacional respalda este enfoque: en Perú, una ley similar incrementó las donaciones de alimentos en un 1.250% en solo un año.

Finalmente, señaló que la optimización de los recursos públicos es clave. Se estima que la Ley 2380 podría generar ahorros de hasta $7 billones anuales, recursos que podrían redirigirse a sectores como la educación para cerrar brechas sociales.

“No podemos seguir ignorando la situación crítica. Solo se ha ejecutado el 14% del presupuesto destinado al Derecho Humano a la Alimentación en 2024, y ese presupuesto ya es insuficiente. Si queremos cumplir con la meta de Hambre Cero del ODS 2, el Estado debe actuar con mayor decisión y coordinación”, concluyó la representante.