Una preocupación crece entre abogados y propietarios de inmuebles en Ibagué y el Tolima. Varias personas habrían terminado involucradas en procesos ejecutivos por deudas que aseguran no haber adquirido, con documentos cuya autenticidad está bajo cuestionamiento y notificaciones que, según sus representantes legales, no habrían llegado a los destinatarios correctos.

La situación tiene un elemento especialmente inquietante: algunos propietarios se habrían enterado de las demandas cuando sus bienes ya tenían medidas cautelares o estaban encaminados a un eventual remate. Es decir, cuando el riesgo de perder una casa, una bodega u otro inmueble ya era una realidad que debían enfrentar.

Uno de los casos conocidos es el de Alberto Medina, quien descubrió que una bodega heredada junto con sus hermanos estaba comprometida dentro de un proceso judicial. El hallazgo ocurrió cuando solicitó un certificado de libertad y tradición con la intención de vender el inmueble.

Al revisar la situación, encontró que el bien estaba relacionado con una demanda sustentada en tres letras de cambio por valores de 90, 80 y 70 millones de pesos, para una obligación que sumaría 240 millones. Medina sostiene que nunca firmó esos documentos, que no conoce a la persona que aparece como acreedora y que tampoco acudió a una notaría para respaldar dichas obligaciones.

La alerta también estaría relacionada con la manera en que se habrían realizado las notificaciones. De acuerdo con su relato, el correo electrónico al que supuestamente fue enviada la comunicación judicial no le pertenecía, por lo que asegura que nunca tuvo conocimiento del proceso hasta que descubrió la afectación sobre su propiedad.

La abogada Jenny Bonilla asumió su representación y promovió una acción de nulidad por presuntas irregularidades en la notificación. Según explicó, en este caso lograron que prosperara la solicitud, lo que permitió cuestionar las actuaciones adelantadas sin que su representado hubiera tenido conocimiento efectivo del trámite.

Pero el caso de Medina no sería el único. Los abogados David Palacio y Juan Pablo Riveros aseguran que han conocido otras situaciones con características similares y advierten sobre la posible existencia de un patrón en el que se presentarían obligaciones económicas discutidas por los demandados, documentos cuya autenticidad se cuestiona y procesos que avanzarían con rapidez.

Riveros expuso el caso de otro representado, en el que habría encontrado inconsistencias entre la fecha de una supuesta obligación y la elaboración de los documentos utilizados para cobrarla. Según su denuncia, las letras de cambio que aparentemente respaldaban una deuda de 2020 habrían sido impresas en 2025, un aspecto que considera necesario esclarecer.

Los profesionales también señalaron que, según la información que han recopilado, más de 30 personas habrían sido demandadas por un mismo reclamante y que existiría el caso de una mujer con cinco propiedades comprometidas. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias presentadas por los abogados y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

Por eso, los juristas solicitaron que la Fiscalía y las instancias disciplinarias de la Rama Judicial revisen los expedientes y determinen si existieron falsedades documentales, irregularidades en las notificaciones o actuaciones que pudieran afectar los derechos de los propietarios.

Mientras se esclarecen las denuncias, el llamado a la ciudadanía es a no esperar hasta el momento de vender un inmueble para revisar su situación jurídica. Consultar periódicamente el certificado de libertad y tradición puede permitir detectar embargos, demandas y otras anotaciones que requieren atención.

La advertencia es clara: una persona podría estar enfrentando un proceso judicial sin saberlo y descubrirlo cuando su patrimonio ya está comprometido. Los casos denunciados en Ibagué ponen sobre la mesa la necesidad de revisar estas actuaciones y establecer si detrás de ellas existen errores procesales o conductas delictivas que deban ser investigadas.