La audiencia pública ambiental programada en las instalaciones de ComfaTolima, en el sector de El Salado, fue suspendida debido a la falta de garantías en el proceso, según denunciaron los líderes comunitarios. El evento, que buscaba tratar temas relacionados con el relleno sanitario en La Miel, no pudo llevarse a cabo debido a la falta de información y la evasión de responsabilidades por parte de Interaseo y Cortolima.

Erika Toscano, líder de la comunidad afectada, explicó que la audiencia fue solicitada para que la ciudadanía pudiera presentar sus inconformidades con respecto a la modificación de la licencia ambiental del relleno sanitario. Sin embargo, la falta de acceso a información clave y la evasión de respuestas por parte de las autoridades ambientales llevaron a la suspensión del evento. "No podemos permitir una modificación de la licencia cuando el relleno sanitario no está funcionando como debería y se están vulnerando los derechos de la comunidad", expresó Toscano.

La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, visiblemente molesta, se retiró del lugar, lo que generó mayor inconformidad entre los asistentes. La comunidad, que lleva años lidiando con problemas de contaminación y afectaciones a su calidad de vida, insiste en que no se les ha garantizado un ambiente sano ni acceso a la información necesaria para participar efectivamente en las decisiones ambientales que les afectan.

José Ismael Cortés, otro líder de la comunidad, criticó la falta de respeto de las entidades gubernamentales hacia los ciudadanos. "Nos citan a una reunión, pero no traen las herramientas necesarias para hacerla. Estamos perdiendo tiempo y no recibimos soluciones", señaló Cortés.

A pesar de la suspensión de la audiencia, las autoridades han indicado que se reprogramará una nueva fecha para continuar con el proceso. Mientras tanto, la comunidad de La Miel sigue exigiendo respuestas claras y acciones concretas para garantizar la protección de sus derechos y el cuidado del medio ambiente en la región.

La situación en La Miel sigue siendo motivo de preocupación, con más de 1,500 personas afectadas por la contaminación del relleno sanitario, incluyendo problemas con el agua potable, la calidad del aire y la falta de control por parte de las autoridades ambientales.