El procurador Agrario del Tolima, Ernesto Cardoso, se encontraba impedido al finalizar la administración de Luis H. Rodríguez por una querella que sostenían con éste,  la cual le impidió actuar de manera activa sobre las irregularidades que se presentaron en el POT por decreto firmado en diciembre del 2014 al cual se le introdujeron ‘micos’ que dieron paso a la posibilidad de construir urbanizaciones en las faldas de los Cerros Tutelares de Ibagué. 

Cortolima en cabeza de Jorge Enrique Cardozo ha emprendido acciones para proteger los cerros Noroccidentales sin embargo está en el aire el interrogante sobre si va a actuar con vehemencia haciendo respetar el Pomca de los ríos Coello y Totare como sí lo hizo frente al proyecto del centro de resocialización de la Palmilla donde ordenó demoler luego de iniciadas las obras. 

En este sentido y teniendo en cuenta el cambio de administración de la mano de Guillermo Jaramillo, el procurador Agrario explicó que “el tema tiene una gran importancia social en Ibagué pues implica el presente y el futuro cercano del medio ambiente del municipio, la Procuraduría tiene claras varias cosas en primer lugar teniendo en cuenta las características del territorio y las ventajas estratégicas en cuanto a desarrollo y equipamiento urbano frente a la ubicación espacial y geoestratégica tan importante en el contexto nacional, es una ciudad que debería pensarse en su desarrollo inmediato con criterios vanguardistas pues hay que ser muy acertado en la defensa del ecosistema local representado en las faldas de los cerros que son un activo ambiental y paisajístico muy importante”. 

Ernesto Cardoso además puntualizó que Ibagué tiene problemas muy críticos en equipamiento vial pues en las horas pico el acceso al centro es caótico, por lo cual los Cerros deben ser protegidos sin discusión para que en el presente y futuro le sirvan a la ciudad no en construcción de vivienda sino para realizar una circunvalar que sirva para desembotellar a la ciudad y esto genere una ventaja enorme en contexto de turismo a Ibagué. 

“La realidad es que en la Procuraduría tenemos claro que desde el punto de vista de desarrollo urbano es fundamental construir una avenida circunvalar por el pie de los Cerros Tutelares pero eso no tiene que ir acompañado de construir oferta de vivienda de altísimo valor por el agregado de la ubicación en un sistema ecológico tan importante como este”, subrayó Cardoso. 

Con respecto a la denuncia de Ecos del Combeima con respecto a la no señalización del volcán Guacharacos en el mapa de riesgos y el avance de los urbanizadores como los del proyecto “Las Juanas” a quien el curador urbano 2 les otorgó un derecho misteriosamente días antes de que se emitiera la circular 003 que frenaba la urbanización en las faldas de los Cerros Tutelares, situación frente a la cual la Alcaldía de Luis H. Rodríguez no ejerció ningún control  de oposición o urbano, lo que si se presentó fue una actuación donde se recusa al director de Cortolima por el sellamiento de este proyecto por unos permisos de fuentes hídricas y equipamientos que se han querido implementar allí. 

Frente a esta recusación de parte de los constructores de “Las Juanas” al director de Cortolima para que no se pronuncie sobre el tema quitándole la potestad de velador de los Pomca del río Totare y Coello , el procurador Agrario del Tolima aseveró que “las recusaciones en contra de los servidores públicos tiene un procedimiento especifico, el hecho es que sus funciones y competencias tienen un marco legal, esa recusación debió llegar a mi despacho pero no conozco el tema pero cuando se hace una recusación a un funcionario público para que no ejerza su competencia, debe pronunciarse el superior inmediato del funcionario, el director de Cortolima al no tener un superior el tema debería resolverlo la Procuraduría Regional del Tolima”. 

Ernesto Cardoso además señaló que claramente existen los Pomca del río Coello y Totaré, los cuales el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Tolima que respaldan y les otorga mayor jerarquía administrativa frente a las decisiones que toma la Alcaldía y el Concejo Municipal en cuento al uso del suelo y ordenamiento del territorio, pues los esquemas de ordenamiento territorial deben pasar por una previa aprobación de la autoridad ambiental pues ésta privilegia la protección del medio ambiente. 

“Si esto no fuera así significaría que al ordenar el territorio y el uso del suelo de manera autónoma se pasaría por encima del derecho colectivo que tiene la ciudadanía de salvaguardar ecosistemas fundamentales ambientales que están en relación directa, por eso las normas definidas en los Pomca son de mayor jerarquía que las que expiden las Alcaldías y el Concejo en consecuencia deben respetarse y estar en armonía con las establecidas en los planes de ordenamientos y manejo de la cuencas”, aseveró el procurador Agrario del Tolima. 

Tras la recusación en contra del director de Cortolima, los constructores de “Las Juanas” han seguido comercializando el proyecto, frente al tema Ernesto Cardoso indicó que es una circunstancia que amerita una observación por parte del Ministerio Público por lo cual la Procuraduría puede entrar a informarse para establecer si el trámite de la recusación es válido y establecer cómo resolver la situación que busca crear un vacío legal que le permita al proyecto Las Juanas seguir avanzando. 

Por otra parte frente al tema de las falencias que la Procuraduría Ambiental del Tolima ha encontrado en relación a la gestión de Cortolima en temas como recurso hídrico, Uso Coello, saneamiento básico, unificación y actualización de planes de responsabilidad social empresarial, explotación, emisiones de ruido y control de atmosfera del departamento el procurador señaló que faltado mayor gestión por parte de Cortolima para velar por el bienestar ambiental del departamento. 

“El documento (Ver el documento completo) es una especie de rendición de cuentas a los tolimenses, pues es necesario que la comunidad conozca la gestión que hemos realizado desde la Procuraduría sobre el control ambiental en el departamento, la primera observación que hacemos es sobre la falla funcional que tiene la máxima Autoridad Ambiental pues al no tener una claridad organizacional no puede ejercer su sagrada función de preservar los recursos naturales de la región”, afirmó el procurador Agrario de Tolima. 

Además fue enfático al aseverar que la conservación de los recursos naturales debe estar fuera de cualquier tipo de interés pues el objetivo es conservar y proteger las riquezas ambientales para garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano y promover el desarrollo ambiental en la región. 

“En los últimos tiempos hemos logrado ver la verdadera y devastadora situación que trae el cambio climático, por eso es vital que el esquema para proteger el sistema hídrico de la región sufra una drástica modificación pues desde la Procuraduría hemos señalado que no es una buena política que comprar predios en las 18 cuencas hídricas que son un tesoro ambiental desplazando campesinos y dejando los territorios desprotegidos sin realizar campañas de reforestación con especies nativas que conserven el recurso hídrico”.