El día viernes 29 de enero el consejo superior en cabeza del gobernador Oscar Barreto, decidió de forma unánime el acompañamiento de una comisión técnica perteneciente al  Ministerio de Educación para establecer cifras claras de la crisis que en la actualidad tiene la universidad del Tolima, casi de forma inmediata la ministra Gina Parodi programó la visita de profesionales en áreas administrativas, económicas y auditoras para el día de ayer 3 de febrero, esta delegación cumplió en desplazarse hasta la ciudad de Ibagué específicamente a las instalaciones de la UT donde fueron recibidos por Los sindicatos, los profesores y estudiantes de la universidad, los cuales no permitieron que dicho organismo hiciera el acompañamiento que buscaba evaluar situación financiera real de la universidad.

La secretaria de Planeación, Olga Lucia Alfonso, comunicó a Econoticias que “los distintos actores de la universidad por medio de una Asamblea Triestamentaria y por vías de hecho no permitieron el ingreso de un procedimiento que está reglamentada por la ley”, de esta manera los delegados del gabinete nacional ante esta decisión decidieron levantar un acta de esta situación y regresar a la capital de la república, porque no pudieron ejercer el trabajo para el cual fueron comisionados por el Ministerio.

La funcionaria además aclaró que la delegación enviada por la ministra Parodi, “en ningún momento vino con la intensión de intervenir la universidad, ellos cumpliendo con lo planteado por el consejo superior de instituir cifras claras de la situación financiera y administrativa de la academia, además que la ley establece ciertas condiciones específicas para el procedimiento de intervención y claramente ese proceso no se ha cumplido aquí”.

¿Autorregulación para evitar la intervención? 

Frente a esta situación Carlos Eduardo Montealegre, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UT explicó que “el Min y la dirección de la Universidad deben tener claro que la información debe manejarse muy bien, en la sesión del Consejo Superior del viernes pasado se solicitó el acompañamiento pero llegaron a realizar una visita de inspección y vigilancia que son dos cosas distintas, dada la situación de la UT en este momento la reacción de los funcionarios es normal y valida dado que es el producto de la desinformación”. 

El decano además añadió que “nosotros al interior de la universidad le hemos dicho al Consejo Superior como al Ministerio que nosotros tenemos la capacidad de autorregulación y que podemos hacer los ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad de la UT, si no lo hacemos tienen derecho de intervenir pero hasta el momento no nos han dado la oportunidad”. 

Montealegre además afirmó que la comunidad universitaria se encuentra preocupada por la decisión que pueda tomar el Ministerio con respecto a la intervención. En este sentido solicitó que se fortalezcan los canales de comunicación para no agravar aún más la situación. 

La UT en manos del Min Educación 

Carlos Arturo Gamboa, miembro de la Asociación de Profesores de la UT, indicó por su parte que “ en una Asamblea hicimos una discusión sobre las implicaciones de no dejar ingresar a la comisión y al final por mayoría decidimos que para la Universidad es viable que ésta ingresara pero con la condición de que los profesores tengamos participación  y estemos al tanto del informe, porque necesitamos saber cuál es la situación financiera real, necesitamos que las comisiones escuchen nuestras propuestas”. 

Frente al aparente interés de José Herman Muñoz, rector de la UT, de iniciar la intervención Gamboa aseguró “vivimos una incertidumbre total porque estamos en el régimen de la mentira, el rector ya habló de que entremos en ley 550 nosotros estamos viviendo al ‘garete’ porque las decisiones que se están tomando por parte de las directivas no son consultadas con la comunidad y esto genera incertidumbre, tanto que en algunos sectores se viene comentando que el rector negocio la intervención de la Universidad para dejársela al Ministerio de Educación como salvamento final”. 

Jorge Gantiva, presidente de Aspu, aseguró que es evidente que este rumor que empieza a circular tiene fundamentos por lo que explicó que “es evidente que la intervención del Ministerio es una jugada para que el rector pueda trasladar de manera muy perversa la crisis a la comunidad universitaria cuando él y su equipo son los directos responsables, es evidente además que la llegada de esta comisión es un acuerdo previo con Muñoz pues vinieron con un documento donde dice de forma expresa que está en el contexto de la ley 1740 que es la que trata de la intervención aplicando los artículos 5,  7 y 9 por lo tanto es doblemente perversa la acción del rector a sabiendas que el Consejo lo único que aprobó fue una comisión de acompañamiento técnico para descubrir la verdadera dimensión de la crisis financiera y fiscal de la Universidad del Tolima”. 

El siguiente comunicado fue expedido en las últimas horas por parte de los profesores de la UT: 

Informamos la Comunidad Académica y la ciudadanía en general, que de manera extraordinaria se convocó a Asamblea General de Profesores con el fin de proceder a discutir sobre “La visita de la Comisión de inspección y

vigilancia” por parte del Ministerio de Educación Nacional, delegación que se hizo presente en la Universidad del Tolima el día 3 de febrero en horas de la mañana.

Los argumentos planteados por el sector profesoral giraron en torno a los siguientes ejes temáticos:

1. La necesidad de aclarar las cifras y tener un panorama real sobre el

déficit de la Universidad del Tolima, debido a que reiteradamente se ha

expresado que los informes presentados por la Administración de la

Universidad del Tolima, no ofrecen confiabilidad.

2. La prevención y alarma sobre la idea de que dicha Comisión se anuncie en el marco jurídico de la Ley 1740 de 2014, sobre la cual se fundamenta el inicio de una posible intervención.

3. La necesidad de acudir a otros entes externos como la Procuraduría y la Contraloría con el fin de solicitar procesos de auditoría y control para el esclarecimiento de las reales dimensiones de la crisis de la Universidad del Tolima.

Después de discutir cada uno de estos aspectos la Asamblea General de Profesores decidió:

1. Emprender las acciones necesarias para solicitar procesos de auditoría y control de la Contraloría y Procuraduría que contribuyan al desciframiento del estado real de los presupuestos y finanzas de la Universidad del Tolima.

2. Expresar que los profesores, por mayoría, no se oponen al ingreso de la Comisión de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, por considerar que la información que ellos recolecten se convierte en insumos para el análisis de la crisis financiera por la que actualmente atraviesa nuestra Alma Máter.

3. Solicitar un espacio para que dicha Comisión escuche la propuesta integral para la superación de la crisis, propuesta que el profesorado ha venido construyendo en su autónomo espacio de Asamblea Permanente.