La historia se remonta al mes de febrero del año 2014 cuando el rector de la Institución Educativa, Carlos Lleras Restrepo, José Alirio Ramos, denunció ante la personería de Ibagué el acoso que la docente ejercía a una alumna.

En primera instancia se elevó en la institución el acta 003 del 14 de febrero de ese año donde la Psico-orientadora Clarena Toledo Huaca realizó entrevista con los padres de familia, la alumna y la docente y se revelaron los cargos de los que se le acusaba a la educadora a la luz del manual de convivencia.

Indica la investigación de la Personería que; “Se le reprocha a la disciplinada en su calidad de docente de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo sede 1, haber realizado conductas impropias, que adelantaban contra el pudor sexual de la menor incumpliendo con ello de forma presuntiva para este momento procesal”.

Para el despacho la presunta falta cometida por la disciplinada se tipifico como grave a título de dolo conforme a los dispuesto en el numeral 1 artículo 35 de la ley 734 de 2002”. 

Para la época de los hechos se desempeñaba como docente y en reiteradas ocasiones le manifestó a la estudiante su intención de tener una relación sentimental con ella, a través de comunicaciones por medio electrónico como Facebook, por vía celular, las cuales fueron desencadenando una serie de propuestas sentimentales que a través del tiempo se fueron intensificando.

Además la misma estudiante denunció ante el ICBF que la docente en la fiesta de quince años en el mes de octubre del año 2013 la intentó besar, además de cogerle la cara y las manos. 

En la valoración de la psico-orientadora de la Institución Carlos Lleras Restrepo se concluyó; “Se evidenciaron actos abusivos por parte de la docente en contra de la adolescente en mención al igual que otros casos en contra de más menores de la misma institución. Se encontró también que estos hechos llevaron a la menor a tener confusión sexual y temores ante un posible encuentro con ella”.

En consecuencia la Personería de Ibagué decidió declarar probado y no desvirtuado el cargo imputado a la docente. Por lo cual impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por término de cuatro meses.