Infotic, el recaudador del SETP, con oscuro pasado de contratista en Ibagué
El 28 de junio, justo un día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales que suspende por cuatro meses los convenios interadministrativos, Cesar Fabián Yáñez Puentes, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP), firmó un convenio interadministrativo entregando la codiciada operación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) del Transmusical a la polémica firma Infotic de Manizales, que en el pasado ya ha estado en el ojo del huracán por contratos en las administraciones de Luis H. Rodríguez y Guillermo Alfonso Jaramillo.
Tal vez, se trata del contrato individual más elevado en la historia reciente de Ibagué. La modalidad de selección fue contratación directa y para la ejecución del convenio se tiene previsto desarrollarlo en tres etapas y un plazo de 16 años y cuatro meses: La fase uno concierne al diseño y estructuración del sistema de recaudo y será de cuatro meses a partir de la suscripción del acta de inicio del convenio; la fase 2 compete a la preoperación y tendrá un plazo de un año a partir del cierre financiero; mientras la fase 3 corresponde a la operación y son 15 años a partir de la terminación de la fase de implementación.
El mismo 28 de junio, a través de un escueto oficio, el gerente del SEPT le informó a los transportadores que su propuesta "no reunía los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en el artículo 117 de la Ley 1955 de 2019”, excluyéndolos así, del proceso. Por el contrario, César Yáñez, como ordenador del gasto, certificó que Infotic S.A.S como Sociedad de Economía Mixta con composición accionaria más pública "cuenta con la capacidad, idoneidad y experiencia para suscribir el convenio interadministrativo".
Infotic está representada legalmente por el señor Adolfo Antonio Tejada Díaz, con cédula de Barranquilla. El mayor accionista es Infimanizales (51%), el resto de la participación accionaria está distribuida en 8 accionistas de carácter privado, de los cuales tres tienen participación mayor o igual al 5%: Tecnología y Finanzas S.A.S (Óscar Ayala -representante legal); 3T Businnes Partners S.A.S. (Angélica María González González - representante legal); Inversiones Tecnológicas del Siglo XXI S.A.S (Martha Isabel Gacharná Pérez - gerente); J. G. Bienes Raíces S.A.S (Maira Alejandra Jaramillo Guzmán - representante legal); Asincon y Asociados S.A. (Carlos Alberto Racini Polo - gerente); Grupo VMS S.A.S. (Sebastián Megudan Arce - representante legal); Pazmiño López S.A.S. (Adolfo Pazmiño Rayo - representante legal); y JVP Peralta Consultores S.A.S (José Vicente Peralta Romero - representante legal).
Infotic tiene un pasado controversial en Ibagué y viene desde la época en que Carlos Orlando Pardo Viña era uno de los superasesores de Luis H. Rodríguez y lideró el proyecto www.ibaguéparasentir.com. Se trató de una inversión de $2.150 millones para potenciar el sector turismo de la ciudad con una página web que no sirvió, unos quioscos digitales que se pusieron en hoteles y duraron unos pocos meses y unas capacitaciones de las que no se conocieron resultados.
Luego, en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, Infotic resultó beneficiada con una serie de millonarios contratos adjudicados a dedo para que brindara soporte tecnológico a la Secretaría de Tránsito entre los años 2016 y 2017, y que tuvieron dificultades en su ejecución. Fueron $964.342.012 millones en tres contratos que recibió Infotic, y pese a los reiterados incumplimientos, logró que le desembolsaran alrededor del 90% de los recursos.
Una auditoría de la Contraloría Municipal arrojó hallazgos relacionados con falta de planeación y presunta celebración y firma de los respectivos contratos sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley de contratación pública. El ente de control halló que la Secretaría Administrativa de la Alcaldía, como la Secretaría de Transporte y Movilidad, celebraron lo contratos números 0562 de 2017 y 1302 de 2017 con Infotic, pese a las irregularidades evidenciadas en el contrato anterior, como las diferencias mencionadas dentro del mismo contrato 0562 de 2017 en cuanto al cumplimiento del objeto contractual y las falencias de la plataforma.
La auditoría también evidenció deficiencias en la supervisión del contrato 1303 de 2017, por cuanto se expidió certificado de cumplimiento a satisfacción del 100% de las obligaciones y se autorizó el pago de cuentas de cobro, cuando en realidad no se había finalizado la ejecución del contrato, siendo dichos pagos objeto de investigación de la Fiscalía.
Más allá de estas irregularidades, el esçándalo corrió por cuenta de un joven identificado como Cristian Barona, señalado en su momento de ser el eslabón que conectaba a Infotic con la Alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo. En esta trama figuró Sebastián Jaramillo, un sobrino del alcalde, quien fue el que habría presentado Infotic a la Alcaldía, según confirmó públicamente la exsecretaria de Tránsito, Maribel López. La exfuncionaria también dijo que siempre se entendió con Barona, quien se presentó como subcontratista y cercano al alcalde Jaramillo. Lo curioso es que el convenio con Infotic fue firmado por Jaime Olbany Parra como representante legal de esa empresa y no se mencionan a Barona y mucho menos al sobrino de Guillermo Alfonso Jaramillo.
¿Irregular adjudicación de recaudo del SETP a Infotic?
Sin embargo, el convenio interadministrativo para la implementación y operación del sistema de recaudo del SETP es mucho mas jugoso que todos los anteriores contratos.
Las empresas transportadoras y el precandidato Camilo Ossa han solicitado a la Procuraduría General iniciar urgentemente de manera preventiva una vigilancia especial a la adjudicación del sistema de recaudo de Transmusical en Ibagué por las irregularidades que consideran se ha incurrido.
Los transportadores y Ossa advierten que el gerente del SETP utiliza el art. 177 de la Ley 1955/19 para fijar los lineamientos y excluir las empresas, pero, al mismo tiempo, desconoce lo señalado en el inciso sexto de ese mismo artículo, ya que no se ha conocido del inicio de un proceso licitatorio, ni tampoco sobre la radicación de alguna propuesta de entidad alguna con la cual se pudiese hacer un convenio interadministrativo.
Asimismo, el inciso sexto del artículo 117 de la Ley 1955 de 2019, en una primera parte señala que: "Cuando existan dos o más agentes operadores de transporte, estos y sus vinculados económicos podrán participar en la operación y administración del sistema de recaudo, siempre y cuando todos ellos conformen un único agente recaudador", caso de las empresas transportadoras que presentaron propuesta
También determina la norma que “cuando no se logre la participación de todos los operadores de transporte en el agente de recaudo, la entidad territorial, el ente gestor o quien estos deleguen deberá adjudicar la operación del servicio de recaudo centralizado mediante licitación pública o convenio interadministrativo".
O sea, descartada la propuesta de los transportadores, el SETP tendría que haber iniciado un proceso de licitación pública o haber celebrado un convenio interadministrativo, si existiese una propuesta que cumpla los lineamientos legales y que provenga de una entidad pública. Como se desconoce esto, entonces para las empresas transportadoras y Camilo Ossa es obligación del SETP licitar el sistema de recaudo.
Pero el ente gestor aduce en el convenio que desde febrero de 2022 adelantó reuniones con diferentes entidades, empresas y proveedores para lograr cotizaciones, dando prioridad a las empresas de transporte de la ciudad, las cuales presentaron propuesta en octubre de 2022. Señala que luego de tener algunas cotizaciones de otras entidades y empresas, se procedió en el mes de noviembre a invitar formalmente al gremio transportador y empresas públicas o economía mixta para presentar propuestas, recibiendo tres (gremio transportador, ERT S.A. e infotic S.A). Finalmente, en enero de 2023 se realizó una nueva invitación buscando la actualización de los precios teniendo en cuenta el cambio de vigencia y la fluctuación de los precios de mercado. Con esta nueva invitación se recibieron dos propuestas (gremio transportador e Infotic S.A.).
Analizadas las dos propuestas jurídica, económica y técnicamente, el ente gestor decidió dar viabilidad para realizar el convenio interadministrativo con Infotic S.A. En este sentido, en junta directiva extraordinaria del SETP, efectuada el 15 de junio de 2023, se autorizó al gerente a suscribir el contrato para la implementación, integración, puesta en marcha, operación y mantenimiento del sistema de información al usuario, de recaudo y control de flota (SITREC) del SETP.
Posteriormente, el 22 de junio de 2023, mediante una resolución, la gerencia del SETP justificó la contratación directa del sistema de recaudo conforme fue establecido por los estudios de ETLF elaborado por Sigma Gestión de Proyectos S.A.S el que dio como resultado la implementación integral del SITREC.
El valor del convenio interadministrativo se establece en un valor fiscal por etapas, en aplicación a la figura presupuestal de 'Reembolso de gastos sobre el mandato', la cual consta que durante la ejecución del convenio los gastos administrativos y de operación del SITREC serán reembolsado al ente ejecutor por ser este el ejecutante del gasto; con recursos del sistema estratégico de transporte público de Ibagué y estos serán definidos por el ente gestor SETP de Ibagué.
Se establece, además, que luego de la revisión de la liquidación de gastos, el SETP Ibagué autorizará a la fiducia el reembolso de los gastos al ente ejecutor (Infotic), teniendo como base el 7.55 % del valor de la tarifa al usuario del SEPT. En caso de que los recursos del porcentaje establecido de la tarifa recaudada en la quincena, no sean suficientes para cubrir gastos administrativos y de operación del SITREC, se destinarán los recursos faltantes del fondo de estabilización de la tarifa.
Todo esto es lo que las empresas le ha solicitado revisar al Ministerio de Transporte, para que determine el cumplimiento o incumplimiento, por parte del ente gestor SETP y la Secretaría de Movilidad, de las normas legales vigentes en materia de asignación de la calidad de Agente Recaudador e implementación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) para el municipio de Ibagué, ya que consideran que fue una "irregular asignación".
