La lucha contra la informalidad y el desempleo en Ibagué continúa siendo una de las prioridades de la Administración Municipal.

Por lo anterior, ha adelantado diferentes estrategias a lo largo de estos tres años, y estableciendo la Política Pública del Vendedor Informal como ruta de acción para que los próximos gobiernos sigan comprometidos con esta labor. 

Así las cosas, en cumplimiento a la Ley 1988 de 2019 y el Decreto 801 de 2022, se presentó ante el Concejo Municipal la Política Pública para el Vendedor Informal en Ibagué, la cual consta de tres lineamientos, nueve estrategias y más de 100 actividades dirigidas a los diferentes actores públicos y privados, siendo la iniciativa respaldada por decisión unánime de los cabildantes, y convirtiendo a Ibagué en una de las pocas capitales del país que cuenta con esta política pública, como Medellín.

“Este es un trabajo completo y meticuloso, el cual inició con las ya aprobadas Política Pública de Desarrollo Económico, continúa con la Política Pública para el Vendedor Informal y seguirá con nuestra próxima apuesta: la Política Pública para el Empleo Digno y Decente en Ibagué”, resaltó Alba Lucía García, secretaria de Desarrollo Económico Municipal.

De este modo, trabajando articuladamente en acciones para mejorar el mercado laboral en la Capital Musical, y en generar mayores oportunidades, desde la Secretaría de Desarrollo Económico se adelantan una serie de estrategias progresivas para impulsar acciones de desarrollo laboral y empresarial.

Durante más de seis meses, un equipo interdisciplinario de profesionales adelantó mesas de diálogo con asociaciones de vendedores informales, comercio formal y la ciudadanía de las 13 comunas, haciéndolos partícipes del documento expuesto y aprobado.

“Con esta política pública, la Administración Municipal de turno deberá velar por el cumplimiento de tres objetivos específicos, que son: Disminuir la vulnerabilidad económica de los trabajadores informales en el espacio público, reducir la pérdida de capital social y económico por hechos de conflictividad, y aumentar la credibilidad del Estado en los programas enfocados a las mejoras en el uso del espacio público. Todo esto en cinco fases que deberán concluir en el año 2032”, agregó García.