Los millonarios hallazgos a la Sec. de Hacienda que destapó la Contraloría de Ibagué
La Contraloría Municipal reveló lo que serían irregularidades en la gestión del impuesto predial unificado por parte de la Secretaría de Hacienda de Ibagué entre 2015 y 2019.
Según el informe de auditoría al que Ecos del Combeima tuvo acceso, estas presuntas deficiencias podrían haber generado un millonario detrimento fiscal.
Ello, debido a la omisión en los procesos de cobro coactivo y la prescripción de varias obligaciones tributarias.
El análisis evidenció que durante los años en cuestión no se llevaron a cabo las acciones legales necesarias para garantizar el cobro oportuno del impuesto predial.
En muchos casos, los procesos de cobro coactivo se iniciaron fuera de los plazos legales, lo que resultó en la pérdida del derecho de recaudo y en un manejo antieconómico de los recursos públicos.
Vigencia 2015: Se identificó un presunto detrimento fiscal aproximado de $298 millones debido a la inacción en el cobro de deudas correspondientes a fichas catastrales. Algunos procesos se iniciaron en 2023, cuando ya habían prescrito.
Vigencia 2016: La falta de seguimiento oportuno para la determinación y cobro del impuesto acumuló, presuntamente, un detrimento adicional de $298 millones. La Contraloría habló de la inadecuada identificación de contribuyentes como factores claves.
Vigencia 2017: Los supuestos errores en la gestión de la cartera tributaria persistieron, sumando $323 millones. Entre las falencias, dice el ente de control se identificaron vicios en los mandamientos de pago.
Vigencia 2018: En este año se habría generado un detrimento aproximado de $732 millones. La Contraloría destacó una inacción similar a la de años anteriores.
Vigencia 2019: El informe señala un posible detrimento de $1.837 millones, en el que las prácticas deficientes continuaron, afectando nuevamente las finanzas municipales.
El informe señala como causa principal la deficiencia en la gestión de la Secretaría de Hacienda, que no implementó mecanismos efectivos para la recuperación de la cartera.
Finalmente, la Contraloría también cuestionó el uso del Acuerdo Municipal 39 de 2016 como argumento de exoneración de la Gestora Urbana, al no existir documentación suficiente que sustentara su correcta aplicación.
"Se encontraron inconsistencias en los elementos esenciales en los procesos de cobro coactivo que genera inseguridad jurídica y vulneración de principios que puede llegar a incidir no solo fiscalmente, sino también, incidencias disciplinarias, sancionatorias y penales", concluye el informe.
