La decisión de la Alcaldía de Ibagué de liquidar el contrato de $40.000 millones para la construcción del puente elevado de la calle 60 de Ibagué ha abierto la caja de pandora.

En una entrevista con Ecos del Combeima, Juan Carlos Salazar, socio interventor de la obra, y María Margarita Rueda, exdirectora de Contratación de Ibagué, revelaron detalles desconocidos sobre este proyecto que comenzó durante la administración de Andrés Hurtado y que sigue bajo la lupa de los entes de control.

Pagos dudosos a la interventoría

Salazar se defendió respecto al cuestionado pago de casi 1.900 millones de pesos a la interventoría, pese al escaso avance de la obra.

Según él, estaban siendo financieramente perjudicados al no recibir compensación por los servicios prestados en el marco del contrato.  Por eso reconoció que se pactó con la Alcaldía la modificación en la forma de hacer los pagos.

"Nos sentamos con la entidad y dijimos: nos vamos con un pleito civil o, de acuerdo con Colombia Compra, pactamos una condición que sea favorable para nosotros y que no nos lesione", aseguró Salazar.

Problemas por el incumplimiento del contrato

Por su parte, María Margarita Rueda habló sobre la decisión de declarar el incumplimiento total de la obra, una medida que algunos consideran no se hizo conforme a la ley y que podría exponer al municipio a acciones legales por parte del Consorcio Puente Carrera Quinta.

Rueda explicó: "Cuando a una Oficina de Contratación que investiga los asuntos jurídicos le radican el incumplimiento total, lo que se debe adoptar es el incumplimiento total".

Y agregó: "El ordenamiento vislumbraba una paralización total de la obra y cuando esto sucede, no hay otro camino que declarar el incumplimiento total".

Salazar, sin embargo, opinó que el contrato no debería haberse declarado incumplido ya que es necesario y ejecutable para la ciudad.

¿El relato hurtadista se desmorona?

Desde que surgieron los problemas con la obra del puente de la 60, el exalcalde Andrés Hurtado argumentó que la falta de autorizaciones de Cortolima y el Icanh eran las responsables del retraso, exculpando al contratista de responsabilidad.

Sin embargo, Rueda reveló: "El incumplimiento total se justificó técnicamente en los ocho elementos de carácter reiterado que señaló la interventoría, bajo los cuales estaba incumpliendo el contratista. Para la interventoría no era suficiente que Cortolima no hubiese expedido el permiso para la ejecución, pues se pudo ejecutar la obra en un 40%".

Por su parte, Salazar insistió en que el retraso en la obra fue por las supuestas trabas de la autoridad ambiental. "La obra no se suspendió por cuestiones de la administración, el contratista o la interventoría. La obra está suspendida por un permiso que todavía no se ha conseguido de Cortolima", dijo.

En su lugar, dio a entender de que al contratista le faltaron argumentos jurídicos para defenderse de las acusaciones de incumplimiento.

"El contratista Roberto abusó de su soberbia y nunca se presentó con un abogado a una audiencia donde posiblemente le iban a dar un incumplimiento total. El tipo en su 'sobradez' llegaba solo y sin acompañamiento, cuando tenía una administración muy clara en las decisiones que debía tomar, apoyada en los informes de interventoría", aseguró.

¿Falta de planeación?

Sobre el aprovechamiento forestal, Rueda argumentó que la entidad debió contar con permisos, licencias y autorizaciones para la ejecución de la obra, destacando la importancia de una adecuada planificación. "La norma de contratación la hemos revisado y esta habla (…) de las autorizaciones, permisos y licencias requeridas".

En su defensa, Salazar mencionó que es común solicitar permisos después de adjudicar la obra.

Declaraciones del contratista

Finalmente, Salazar se refirió a las declaraciones del contratista Roberto Gutiérrez, quien afirmó que la obra nació muerta debido a los problemas en los estudios y diseños recibidos.

Salazar contradijo esta afirmación, señalando que uno de los consultores más prestigiosos del país revisó los estudios y concluyó que el puente era completamente construible, como se estipuló en la licitación pública. "Se ratificó que el puente es 100% construible, tal y como salió en la licitación pública", concluyó.