El 10 de diciembre de 2020, el CONPES 4017 declaró de importancia estratégica el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué. Este proyecto obtuvo la cofinanciación necesaria mediante un convenio firmado el 29 de diciembre del mismo año. A partir de este momento, el ente gestor del SETP de Ibagué, una empresa creada con el objetivo de ejecutar el proyecto conforme a los términos definidos por el CONPES y el Estudio Técnico Legal y Financiero, debía iniciar los procesos para cumplir con el cronograma de actividades e hitos establecidos.

Inicialmente, el cronograma del SETP debía comenzar en 2021, pero antes era necesario constituir una junta directiva para avalar los proyectos a cofinanciar. La consolidación de los estatutos y la formación de la junta directiva demoraron un año, lo que retrasó el inicio de la ejecución hasta 2022. En ese año, se iniciaron los procesos de gestión de sistemas de tecnología, recaudo y control de flota. Sin embargo, estos procesos fueron afectados por un fallido convenio con INFOTIC, generando un rezago de dos años.

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En cuanto al sistema semafórico, su ejecución debía empezar en 2023, pero enfrentó múltiples inconvenientes, dejando un retraso de un año y medio y aún sin adjudicación. El proceso de infraestructura vial, a pesar de ser el más sencillo, también ha presentado demoras significativas. El alcalde Hurtado gestionó un crédito de hasta 100.000 millones de pesos, pero de las cinco vías planificadas, solo la carrera Quinta ha sido parcialmente rehabilitada, alcanzando menos del 15% de la meta total.

Todos los procesos financiados por el convenio de cofinanciación deben pasar por la revisión del Ministerio de Transporte, específicamente de la Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible. La falta de personal técnico idóneo y equipo de lobby en Bogotá ha dificultado la aprobación de proyectos cruciales como Paraderos y Patio talleres, que actualmente cuentan con un retraso de un año y medio.

Además, la cofinanciación se ha utilizado para financiar burocracia, lo que ha llamado la atención del gobierno nacional. En el primer semestre del año, se contrataron 70 Prestaciones de Servicios en el SETP sin avances significativos. El ministerio ha enviado circulares solicitando aclaraciones y sugiriendo que la Alcaldía de Ibagué reembolse con recursos propios los dineros mal utilizados.

El SETP de Ibagué, con una inversión actual de más de 650.000 millones de pesos, enfrenta el riesgo de perder estos fondos si no se evidencian avances en los proyectos. La Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 establece que la nación cubrirá hasta el 40% de los aportes del convenio, siempre que el proyecto demuestre avances significativos en la gestión y control de flota. De no cumplir con estos requisitos, la ciudad podría perder futuros recursos y estar obligada a reintegrar al Tesoro Nacional hasta el 100% de los aportes recibidos, lo cual podría llevar al municipio a la Ley 550.

La situación actual del SETP de Ibagué resalta la necesidad de una gestión más eficiente y efectiva para evitar la pérdida de recursos y asegurar el desarrollo sostenible de la movilidad urbana en la ciudad.