Hernán Quiñones, gerente de SITSA, empresa que reúne a las siete compañías del transporte de Ibagué, confirmó que el municipio le quiere meter la mano al bolsillo a los ibaguereños con la implementación del estudio del Sistema Estratégico de Transporte Público.

“Todos los costos que van a financiar lo que corresponde al municipio para sistema estratégico de transporte se lo van a cargar a la tarifa, los que pagan el transporte es el usuario, ellos tendrán que pagar estos sobre costos”, dijo el dirigente gremial.

Según Quiñones el pasaje en buseta subirá el próximo año a $2 mil de los cuales el municipio se quedará con $94 para la cofinanciación del sistema, se espera que en el año 2024, el costo del pasaje llegue a $2.500, pero advierte que se busca entregar una concesión por 15 años para que un tercero se quede con la operación recibiendo 7,8% de los ingresos.

Ahora con la implementación del SETP y ante una eventual desfinanciación se abre la posibilidad del cobro de una tasa ambiental  anual de $160 mil por vehículo y en el caso de los motociclistas $50 mil al momento de realizar la revisión técnico-mecánica.

El dirigente gremial además dio a conocer que en el documento realizado por SIGMA para Findeter no aparecen las grandes obras que requiere la ciudad como se ha plantado.

Por último Quiñones indicó que el estudio manifiesta que se deben sacar del mercado más de trescientas busetas, situación que generaría más desempleo y afectaciones a los pequeños empresarios.

Ayer el candidato a la Alcaldía de Ibagué, Rubén Darío Correa, había denunció que los parqueaderos privados serían convertidos en agentes retenedores incrementando su costo, así:

La base gravable será de (2) veces el valor del pasaje promedio del servicio del transporte público. La contribución se cobrará en forma adicional al total del valor al usuario por parte del servicio. (Rubén Darío Correa denunció presuntas irregularidades en el estudio del Sistema Estratégico de Transporte Público).

Ingresos provenientes de mayor recaudo del impuesto predial:

Producto de una actualización catastral y un inventario de nuevos predios, se pretende duplicar el recaudo del impuesto predial y de ello el 5%, es decir $3.000 millones de 2018 irían a cubrir el mencionado déficit.