La Personería de Ibagué podría formular cargos en las próximas semanas a los funcionarios involucrados en la firma del contrato para el fallido concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo en el cual la Alcaldía iba a invertir $2.964 millones.

Recordemos que de haberse mantenido la relación contractual entre las partes, hoy Ibagué tendría el concierto de estos dos artistas. Pero por hacer más lamentablemente hicieron menos y dejaron a la ciudad sin un espectáculo atractivo para el turismo. 

El pasado 16 de abril Econoticias dio a conocer el top 5 de las presuntas irregularidades contempladas en el contrato entre el municipio millones y Carolina Barrios en calidad de representante legal de la empresa CB Eventos.

En esa ocasión, el abogado Luis Felipe Aranzales dio a conocer cuáles serían las inconsistencias en las que estaría incurriendo el Gobierno Municipal al contratar de manera directa. Celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, posible interés indebido en contrato, falta de planeación por la ausencia de estudios financieros, sociales y económicos y hasta un prevaricato por acción.

El 17 de abril el personero Camilo Ossa anunció a través de Econoticias que le solicitaría a la Secretaría de Cultura la información correspondiente a la etapa precontractual del concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo, pues para la fecha ya era evidente que había serias irregularidades contractuales.

Con la documentación en su poder, la Personería Municipal abrió formalmente una investigación disciplinaria a la secretaria de Cultura, Cristina Prada, el pasado 3 de mayo.

El 7 de mayo el municipio la Alcaldía de Ibagué, a través de la Secretaría de Cultura, notificó a la empresaria Carolina Barrios sobre la cancelación unilateral del contrato que tenía como objetivo la presentación de Carlos Vives y Manuel en el marco del Festival Folclórico Colombiano.

No obstante, los argumentos que aparentemente expuso la Alcaldía de Ibagué se convertirían en un arma de doble filo, toda vez que allí estaría involucrada la aceptación de un irregular accionar jurídico que podría traerle graves consecuencias a la secretaria Cristina Prada, a quien se le delegó la ordenación del gasto.

El 8 de mayo el abogado de Carolina Barrios anunció que demandaría a la Alcaldía de Ibagué. Ernesto Espinosa informó en su momento que se estaba trabajando con los proveedores que estarían en el concierto para instaurar una sola acción judicial contra el municipio.

El 10 de mayo el CTI de la Fiscalía incautó pruebas del contrato para la contratación de Carlos Vives. Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación llegaron hasta la Oficina de Contratación de la Alcaldía y se llevaron todo lo que tenía que ver con este proceso.

Luego de más de 50 días sin que se conozca nada de este proceso, Econoticas revela que en las próximas semanas la Personería cerraría la etapa de investigación y procedería a formular cargos a los funcionarios involucrados en este millonario contrato.