Según se había advertido la aplicación de esta ley permitiría que los concejales de Ibagué que fueron sancionados por la Procuraduría solicitaran el principio de la favorabilidad para regresar a sesionar.

Según el portal www.ambitojuridico.com el pasado 28 de enero, se sancionó el nuevo Código General Disciplinario, la norma base para adelantar los procesos contra servidores públicos y algunos particulares que ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria. (ATENCIÓN: Hay nueva fecha de entrada en vigor del Código General Disciplinario).

Según esta normativa, las disposiciones entrarían en vigor cuatro meses después de la sanción presidencial, es decir, el próximo 28 de mayo, momento a partir del cual se entendería derogada la Ley 734 del 2002, algunos artículos de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto Ley 262 del 2000.

Sin embargo, durante el debate al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 (PND), se introdujo el artículo 147, para prorrogar la entrada en vigencia de este estatuto hasta el 1° de julio del 2021.

Poco se ha informado de las razones de esta decisión, pero durante el foro "Perspectiva de género en el Código General Disciplinario", realizado en Paipa, el viceprocurador Juan Carlos Cortés manifestó la necesidad de capacitación sobre este código.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció la semana pasada que el PND se convertirá en ley de la República a finales del mes de mayo. Es decir, que se sancionaría antes del 28 de mayo, teniendo en cuenta la proximidad de la entrada en vigor del nuevamente aplazado CGD.

¿Esta noticia afecta a los concejales de Ibagué que fueron sancionados por la Procuraduría?

Precisamente el pasado 6 de mayo el presidente del Concejo, Juan Pablo Salazar, anunció que a finales de mayo los cabildantes que fueron sancionados por la Procuraduría podrían acceder a un principio de favorabilidad contemplado en las modificaciones que se le hicieron al Código Disciplinario, pero esto ya no será posible debido al cambio de fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Ahora los concejales deberán cumplir la sanción de nueve meses por haber elegido a Ramiro Sánchez para el cargo de contralor o esperar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falle a su favor la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que fue interpuesta hace unos meses.