Concejales que fueron sancionados por parte de la Procuraduría, buscarán que la entidad los indemnice por daños y perjuicios que según ellos se les causó.

En este caso la suma que está solicitando cada cabildante es de $73.797.235, según una fuente consultada por Econoticias, este valor sale de multiplicar el número de sesiones que perdieron los cabildantes producto de la sanción.

La prueba en la que basan la petición, tiene que ver en la decisión que tomó la Procuraduría  en favor de Ramiro Sánchez, al ex contralor la entidad lo absolvió por el mismo caso, siendo Sánchez el que indujo al error a los concejales en el año 2016.

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue interpuesta hace unos meses en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ahora se espera que decisión tome el alto tribunal, en el caso que se les dé la razón antes del mes de junio, los 15 volverían a sesionar en las próximas ordinarias.

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es un recurso judicial que los administrados pueden utilizar para defender sus derechos cuando consideran que han sido violentados por una autoridad administrativa.

Hay que indicar que en la última semana se han conocido dos conceptos que favorecen a los concejales que les abre el camino de cara a las elecciones regionales del mes de octubre.

Procuraduría confirma que concejales suspendidos pueden participar en las elecciones, con esto se despeja el camino de los 15 cabildantes que fueron disciplinados por parte de la PGN por el caso de la elección del ex contralor Ramiro Sánchez.

Función Pública afirma que concejales suspendidos de Ibagué sí pueden participar en las elecciones de octubre

Econoticias conoció la respuesta de esta entidad a la consulta hecha por uno de los cabildantes de la capital del Tolima. Esta situación genera controversia jurídica en la ciudad.