Pablo Bustos, presidente nacional de la Red de Veedurías Red Ver, aseguró en diálogo con Econoticias que si se llega a establecer que existió dolo en el contrato que firmó la Alcaldía de Ibagué con la empresaria Carolina Barrios para el concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo, las autoridades podrían tomar decisiones en contra de los funcionarios que participaron en este proceso.

“Las implicaciones son las derivadas de la falta del cumplimento de los requisitos legales, las ´provisiones constitucionales mínimas, esto puede ser una falta gravísima que llevaría a la destitución e incluso podrían llevar a sanciones de orden penal como privativas de la libertad”, dijo el veedor ciudadano. (El TOP 5 de las presuntas irregularidades del contrato que entregó la Alcaldía por $2.964 millones).

Bustos quien es reconocido en Colombia por ser uno de los veedores que más ha destapado casos de corrupción, advierte que en el proceso contractual por $2.964 millones existió violación de las normas de contratación, pero que además indica que el haber mezclado la contratación de los artistas con la logística para el evento es otro agravante pues llevó a que el municipio no permitirá la libre competencia y la pluralidad de oferentes al dar de manera directa este proceso.

“Son graves las falencias que en termino de transparencia, integridad y afectación de los principios de contratación administrativa se advertirían de parte de esta veeduría, la falta de oferentes y una libre concurrencia son situaciones que preocupan en este proceso”, puntualizó Bustos.