En 2014 el Concejo de Ibagué aprobó el acuerdo 003 que reglamentó el funcionamiento del Sistema Municipal de Presupuestos Participativos para las 13 comunas y 17 corregimientos.

En esencia se trataba de un nada despreciable porcentaje de recursos públicos: 2000 salarios mínimos legales mensuales del presupuesto de libre destinación en cada vigencia, orientados a la ejecución de proyectos no estratégicos; en otras palabras, iniciativas de las comunidades, fruto de ejercicios de participación social con las que no se sustituyan las obligaciones del Gobierno.

Pero lo que surgió como un voto de confianza hacia los ciudadanos, inspirado en conceptos modernos como el de gobernanza, democratización de lo público y ciudadanía activa se pervirtió en el camino, acabando por  convertirse en caja menor, foco descarado de burocracia, instrumento para la politiquería y mecanismo de enquistamiento de liderazgos de base, retrógrados, amañados, en un vulgar remedo de sus dirigentes políticos.

Aunque la normativa claramente dispuso que la asignación de los recursos debía darse, año a año, la última vez que se materializaron proyectos de los ciudadanos fue finalizando el 2015, en el gobierno de Luis H. Rodríguez, cuando varios Consejos Comunales de Planeación replicaron y aprobaron la compra de kits tecnológicos para dotar las Juntas de Acción Comunal.

Han pasado tres años desde entonces y aunque del rubro con destinación específica, el porcentaje de los recursos de funcionamiento se ha ejecutado "en teoría", en contratistas y personal para la operación del Sistema Municipal de Presupuestos Participativos, lo correspondiente a recursos de inversión, es decir, el dinero para los proyectos de la comunidad se ha quedado en las cuentas, todo un baloto, con un acumulado millonario que a fecha 19 de marzo de 2019 alcanza los 5.811 millones de pesos.

En medio del desconocimiento y la improvisación, en pleno año electoral, la Administración afanosamente sirve a la mesa de nuevo a los dirigentes comunales para proponer un trueque de inversiones por votos, sin ningún direccionamiento, incumpliendo los más elementales criterios de publicidad y difusión para que los ciudadanos realmente tengan una participación activa, sesgando la toma de decisiones a los intereses de unos pocos lideres sin considerar los Planes Comunales de Desarrollo, ni  escuchar la voz de los Consejeros Comunales de Planeación.

Se han consumido 2.500 millones de pesos entre 2016 y 2018, (700/ 2016, 913/2017, 1.000/2018) en asesores y funcionarios, pero las comunidades siguen siendo utilizadas nada más que para legalizar recursos y satisfacer los interés de líderes que se representan así mismos.

Desde esta perspectiva vendría bien que los organismos de control en lo político, lo fiscal y lo disciplinario, volvieran sus ojos para explicarle a la ciudad que está pasando en esta materia, cómo es que se están utilizando los recursos que vienen de nuestros impuestos y que deberían estar invirtiéndose en beneficio de todos.

En qué quedaron las remodelaciones de salones comunales que sólo se soportan en disponibilidades presupuestales, que no se le niegan a nadie, pero después son canceladas y cómo se dan los traslados presupuestales de estas partidas.

Pero también este debe ser un llamado de atención a los ciudadanos para interesarse en los asuntos públicos y no permitir que se pierdan estas conquistas de la ciudadanía, un modelo que en ciudades como Medellín y otras regiones del país constituye una acertada apuesta de desarrollo e integración comunitaria.

Como dato final hay que considerar que mientras en esas regiones la apuesta de los gobiernos por fortalecer los Sistemas de Presupuestos Participativos, llega hasta el 10% de los recursos de libre inversión, en Ibagué inició en el 0,3% en 2015, y ha venido decreciendo hasta situarse en un 0.25% en 2019.

Esperamos respuestas, merecemos respuestas. Ojalá que las haya.