El pasado jueves 8 de febrero los ciudadanos ibaguereños protestaron de manera masiva por cuenta del aumento desmesurado en el cobro del impuesto predial. En esa ocasión, la multitudinaria marcha comenzó en el parque Andrés López de Galarza y terminó frente a las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué.

Más tarde, la Alcaldía junto con el Concejo de Ibagué aprobaron un acuerdo en el cual se decretaba un aumento de tan solo el 3% para proteger el ‘bolsillo’ de los contribuyentes mientras finalizaba la actualización catastral de toda la ciudad; sin embargo, dicho acto resultó, bajo la perspectiva de la Gobernación, irregular y por tanto Óscar Barreto Quiroga decidió enviarlo a un control de legalidad.

En efecto, el 23 de julio del presente año el Tribunal Administrativo del Tolima declaró constitucional el acuerdo que reglamenta el cobro del impuesto predial en Ibagué con un reajuste del 3% en las tarifas.

El análisis

El analista Jorge Palacios calificó como una "novela" la polémica que se generó en esta capital a raíz del impuesto predial, dijo que existió una evidente falta de planeación que encontró su punto más alto en la sobrevaloración de predios con casos específicos que encontraron incrementos de hasta el 300%.

"Hubo una indignación generalizada en la ciudad que desencandeó en multitudinarias marchas y que se convirtió en el peor escándalo de la administración de Jaramillo. Una novela que no ha sabido sortear el Concejo, en el cual hay mucha incertidumbre; los propios empresarios se sienten insatisfechos con los acuerdos allí pactados", argumentó Jorge Palacios.

El analista cuestionó el control político ejercido por los concejales y se refirió entonces a 13 'apóstoles' a los que calificó como "los antipersonajes del año". Según Palacios, el escándalo del 'Predialazo' expuso una supuesta falta de control político en el común denominador del Cabildo Municipal.

Otra mirada

Por su parte, Eduardo Bejarano agregó que existe un descontento entre la ciudadanía por cuenta de la "cascada de impuestos y la valorización", y recordó que la polémica empezó a tomar mayor fuerza cuando la Fiscalía se tomó las instalaciones del IGAC por aparentes situaciones irregulares que se salían del margen legal.

"El convenio que se había hecho entre el IGAC y la Alcaldía de Ibagué habría estado marcado por situaciones poco claras. Desde ahí empezó todo mal, después viene un proceso de actualización catastral mal hecho. A mi casa por ejemplo nunca fueron y supuestamente tenían que visitar todos los predios, pero sí llegó la actualización catastral", explicó Bejarano.

Para el analista político, hubo "una ola de indignación nunca vista en la ciudad de Ibagué" que puso 'contra las cuerdas" a la administración del polémico Jaramillo.