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Procuraduría abrió indagación preliminar en contra del IGAC Territorial Tolima por la actualización catastral de Ibagué

La polémica por el ‘predialazo’ en Ibagué añade un nuevo capítulo al abrirse la investigación ante los entes de control que tratarán de determinar si se presentaron irregularidades en el proceso de actualización catastral.
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10 Mayo 2018 - 17:13 COT por Ecos del Combeima

 

El presidente del Concejo de Ibagué, William Rosas, explicó que se ha hecho un llamado desde la Procuraduría por haber aprobado el cobro del 3% de aumento en el impuesto predial y no el cobro resultado de la actualización catastral.

“Hoy asistimos a la Procuraduría en una indagación preliminar concierte a una ampliación de información de los hechos que llevaron a cabo en la actualización catastral sobre la cual realizamos debate de control político en el Cabildo, nos mantenemos en la postura de que la actualización catastral fue irregular, ilegal y extemporánea”.

El cabildante indicó que la indagación preliminar es en contra del IGAC regional Tolima e indicó que en sus declaraciones trataron de involucrar a la Alcaldía en lo concerniente a la responsabilidad que se tenía en las manifestaciones escritas para objetar la información irregular que presentó el IGAC.

Puntualizó que los medios de comunicación, la comunidad y el comité del ‘predialazo’ deben estar atentos a participar en la investigación e indicó que sobre las denuncias que realizó ante los medios de comunicación han servido para abrir la investigación preliminar.

“Esperamos que también se investiguen a los funcionarios que tuvieron que ver con esta actualización catastral irregular, estamos entregando información que en su momento fue publica con documentos correspondientes, la negativa de la Alcaldía, las manifestaciones escritas, las actuaciones del secretario de Planeación y Hacienda juntos a los audios de las sesiones de octubre 2017”, indicó Rosas.

Puntualizó que en el Tribunal Administrativo sigue cursando el control de legalidad y se espera que se retome la postura de cobijar a los ibaguereños y protegerlos frente al impacto negativo que significa asumir los cobros de la actual actualización catastral.