El representante a la Cámara y senador electo, Miguel Ángel Barreto, promovió el día de ayer un debate en el Congreso de la República para abordar el tema del ‘predialazo’ que se dio en Ibagué y en varias ciudades del país, situación que tiene en vilo a las poblaciones que enfrentan el cobro de un impuesto predial excesivo.

El representante apuntó que Ibagué no tiene una política clara en el tema de impuestos y queda en evidencia que no hubo planificación ante la actualización catastral.

“Ibagué tienen en el techo de la tarifa a los industriales, tiene el 7.5 x 1.000 para los estratos 1 cuando otras ciudades lo tienen en el 5 x 1.000, queda en evidencia que se debe hacer una actualización al estatuto de rentas para bajar las tarifas, esto lo debe hacer la Alcaldía para que el Concejo lo apruebe, siempre ha estado en la cancha del alcalde lo que pasa es que lo toma como una pelota caliente y se lo tira a otros, ojalá en el 2019 no diga que es culpa del presidente de la República y se le pasen los 4 años echándole la culpa a otros”.

Por su parte Juan Antonio Nieto, director nacional del IGAC, manifestó que la actualización catastral se hizo con todo el rigor jurídico y el Concejo de Ibagué tomó una mala decisión al no acogerse a ella.

“La actualización catastral se hizo con todo el rigor técnico y jurídico que demanda la ley, el honorable Concejo de la ciudad de Ibagué tomó una decisión equivocada al establecer el 3 x 1.000 que se aplica en los casos donde no se hizo actualización, la Administración hizo caso omiso de las advertencias de modificar las tarifas, el gobernador Barreto actuó en concordancia con la ley porque no le correspondía, se tienen que tomar decisiones para solventar la situación y revisar el estatuto tributario de la ciudad”.

El director nacional del IGAC puntualizó que si el Tribunal decide que el Concejo actuó de forma indebida y no reconoce el acuerdo, significaría que la base gravable quedaría en firme y la Administración Municipal tendría que entrar a diferir el valor del impuesto para que entre en plena vigencia dentro de 4 años.

“Nosotros advertimos hasta la saciedad que esto podría pasar, por ejemplo la tasa del impuesto ambiental paso del 1.5 al 2.5 y arrancó el cobro por sectores por encima del mínimo, esto sin duda afecta en pesos y porcentaje el incremento del predial, hemos tenido conocimiento que la Fiscalía está investigando”.

Por su parte el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, quien también asistió al debate puntualizó que la actualización catastral se convirtió en un tema político.

“Por qué no exigir que la actualización catastral sea cada 4 años y no cada 5 años para que cada alcalde se de la ‘pela política’ de subir y aumentar el recaudo para una mayor inversión, por qué no castigar a los alcaldes como Luis H. Rodríguez que estaba obligado a realizar la actualización en el 2014 y ponerla en vigencia en el 2015 pero no lo hizo por ser un año electoral”.

El secretario de Hacienda además aseguró que el gran problema se presentó a raíz de que el IGAC sacó la resolución que dio vida a la actualización catastral con un 51% de la ciudad y no con su totalidad.

“La resolución del 21 de diciembre la hace notificación electrónica a todos de la actualización de 5 zonas catastrales que se habían revisado previamente en septiembre cuando el doctor Juan Antonio Nieto fue a la Alcaldía de Ibagué a informarle al alcalde Guillermo Jaramillo que no habían podido contratar la totalidad de reconocedores catastrales y que no podían cumplir con el convenio”.

Juan Espinosa comentó que el IGAC priorizó las zonas de la ciudad que mayor crecimiento predial podía presentar y fueron éstas las que finalmente se actualizaron durante el 2017, además afirmó que la Alcaldía realizó un convenio por el 100% de la actualización catastral y no del 50% que fue lo que entregó la entidad.