El Concejo de Ibagué aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo número 012, por medio del cual se prohíbe la realización de actividades mineras contaminantes en todo el territorio urbano y rural de la ciudad y se "dictan medidas para la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural de Ibagué".  El acuerdo no limita de "ninguna manera" los proyectos de pequeña minería y minería artesanal.

Golpes de Opinión habló sobre el tema con el experto Rodrigo Negrete, quien es abogado asesor en legislación ambiental con más de veintitrés (23) años de experiencia profesional, dieciocho de los cuales los ha dedicado a la formulación y desarrollo de políticas públicas ambientales, a la expedición de normas ambientales, especialmente relacionadas con licencias ambientales, evaluaciones ambientales, ordenamiento ambiental, áreas protegidas, régimen sancionatorio ambiental, mecanismos de participación ciudadana, biodiversidad, ecosistemas estratégicos, aspectos mineros ambientales, entre otras. 

Negrete afirmó que a nivel jurídico es importante precisar que dentro del marco de la Constitución Política y la Corte Constitución en donde se señala que hay tres mecanismos para prohibir la minería en los municipios, una son las consultas populares, otra los acuerdos municipales y el tercero acuerdos municipales que tienen que ver con la defensa del patrimonio ecológico lo que tiene fundamento en el artículo 313 numeral 9 de la Constitución Política por lo cual es totalmente legal la decisión. 

Comentó que Ibagué da un precedente único pues aunque ya se ha prohibido en otras poblaciones han sido municipios y no capitales, lo cual siembra en todo el país y el mundo un sentimiento de protección a favor del medio ambiente. 

“No es de extrañar la actitud del Gobierno pues cuando se dio la consulta en Piedras amenazaron con que el acto es anticonstitucional pero lo curioso es que cuando el municipio se negó AngloGold dijo que desconocía la consulta pero reformuló su proyecto en Cajamarca planteando el dique casi a 3000 metros de altura en un sector con dos fallas activas, entonces así lo nieguen toman decisiones de acuerdo a lo que los territorios deciden porque están plenamente facultados para tomar estas decisiones”, indicó el experto.

Puntualizó que el Gobierno no ha cumplido las sentencias de la Corte Constitucional que les ordeno acordar con las entidades territoriales la otorgación de titulaciones mineras y han seguido amenazando a los municipios con el interés de mantener la extracción minera por encima de lo que manda la Constitución. 

“Tenemos a altos funcionarios del Gobierno pensando que estamos todavía regidos por la Constitución de 1886 que señalaba que el suelo era de la Nación y ésta está representada por el Gobierno pero eso cambio en la Constitución de 1991 donde se aclara que el subsuelo y los recursos no renovables son del Estado pero éste está representado por lo municipios que es copropietario del subsuelo por lo cual no pueden seguir en el plan de entregar títulos mineros sin llegar a acuerdos con los municipios, no pueden imponer decisiones desde el centro hacia la periferia”, afirmó Negrete.

Aseguró también que no cree que el Congreso desconozca los fallos de la Corte, la Constitución y la voluntad del pueblo, pues si bien es cierto que hay minería necesaria como la de materiales de construcción hay minería altamente contaminante que no le está generando los recursos adecuados a la Nación. 

“El país debe entrar a conciliar cual es la minería que necesitamos, cual es la que podemos hacer y dónde, no imponiendo desde la capital sin entrar a dialogar con los municipios pues está visto que la población no está dispuesta a seguir permitiendo que se invadan sus territorios con títulos mineros”, concluyó el experto.