El documento que fue enviado al director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso y al alcalde Luis. H rodríguez, por parte de Ernesto Cardoso, procurador Agrario y Ambiental, anuncia lo siguiente:

“En el entendido que el componente ambiental del POT es uno de los elementos más importantes en la planificación del desarrollo urbano, el cual necesariamente pasa por el uso del suelo como factor determinante para el ordenamiento territorial, este despacho del Ministerio Público que ejerce función preventiva y de gestión de control en sede administrativa, en relación con los temas ambientales considera indispensable intervenir en la polémica de carácter institucional que se ha conocido a través de los medios de comunicación, entre la corporación ambiental Cortolima y la Administración Municipal de la ciudad.

“Tal intervención se propone con el fin de promover la articulación de criterios y competencias funcionales que privilegien el verdadero interés público que está en materia y está en juego, pues se trata de dirigir el desarrollo de la ciudad hacia objetivos que garanticen por una parte los derechos colectivos ambientales, así como los insumos del desarrollo urbanístico y el equipamiento urbano, temas que en su adecuada armonización deben servir para garantizar calidad de vida a sus habitantes”, puntualizó el procurador Agrario y Ambiental del Tolima, Ernesto Cardoso en su comunicado. 

Denuncia Econoticias

El pasado 14 de marzo Econoticias denunció que la constructora el Pomar, de Freddy Poveda junto a Javier Arbeláez quien es su arquitecto, quieren construir al lado del lote del puente de la Variante, bajo el pretexto de una tugurización que no se da en ese sector, un conjunto urbanístico denominado el Proyecto la Aldea, en la propiedad de la familia Díaz Prada que ya urbanizó al lado de Pollos Gar, cuando misteriosamente un curador urbano y un ex secretario de Planeación autorizaron que se construyera el proyecto Santo Domingo luego de un exótico cambio de uso de suelo de zona industrial que llevaba este sector a suelos de servicios integrales, el cual no contaría con vertimientos a planta de tratamiento de aguas residuales sino que va directamente al río Combeima y se proyectaron estos edificios al lado de una planta de sacrificio de pollos que terminó llamándose Matadero Regional a pesar que habían obtenido su licencia de urbanismo y construcción a mediados y finales del 2009. 

Freddy Poveda y la constructora el Pomar son los mismos que amparados en un decreto del 2008 vendieron a las familias más pudientes de Ibagué, parcelas agroturísticas rurales para que se desarrollará el proyecto Las Victorias. 

Freddy Poveda y Javier Arbeláez son los mismos que pretenden detrás del lote de las torres transmisoras de Ecos del Combeima y en zonas de mitigación de impacto, construir viviendas campestres para hacer 80 unidades, predio en el cual fueron alterados sus determinantes urbanísticas en zonas de abastecimiento hídrico y junto a otros constructores y dueños de tierra quieren también tomarse los cerros tutelares de nuestra ciudad; nunca en la historia de Ibagué se había visto que en un POT se dejara abierta la posibilidad para que se hiciera parcelación de vivienda campestre de la cual no nos oponemos pero no en suelos de mitigación.

Cuando Ecos del Combeima puso el dedo en la llaga sobre lo que podría suceder en el tema de la vivienda campestre, Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima, investigó y descubrió que la Alcaldía de Ibagué habría burlado la concertación ambiental en el punto de las zonas de mitigación de impacto, artículos 400 y 402 del nuevo POT de Ibagué. Misteriosamente el tema de prohibición de parcelación de vivienda permanente en zonas de mitigación de impacto en Ibagué, se borró de la concertación y apareció la ‘parcelación para vivienda campestre con usos compatibles’.

Una zona de mitigación es un área de amortiguamiento del sector rural para que los asentamientos, los equipamientos y las construcciones no lleguen directamente de lo rural a lo urbano, está zona está conformada por un cordón de 19 kilómetros que hay entre los cerros nororientales, noroccidentales, cerro Gordo y cerros de la Martinica, desde donde se surte el liquido para el río Combeima. 

Son 950 hectáreas que están en riesgo en este momento porque los constructores pretenden hacer bajo el pretexto del POT vigente de Ibagué estos proyectos en los cuales hay urbanizaciones disimuladas, donde pretenden hacer viviendas campestres restringidas, bajo el pretexto que no tuguricen sectores donde nunca ha faltado el espacio. 

Frente a esta situación surgen muchas preguntas, ¿Por qué a los constructores les interesa ahora la doble calzada de Ibagué-Cajamarca’, ¿por qué en una ciudad como Ibagué que tiene tanto espacio rural pretenden los constructores tomarse los cerros tutelares? ¿por qué es junto al río Combeima y el río Chípalo en donde quieren hacer los constructores su agosto con esté POT? ¿cuál es el papel de Cortolima y la Procuraduría Ambiental y Agraria?