Preocupación y desconcierto dejó en el sector minero del país la expedición del Decreto 044 de 2024 suscrito por los Ministros de Minas y Energía, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y se dictan otras disposiciones”.

Para la Asociación Colombiana de Minería, ACM “Se trata de un Decreto que pasa por encima de normas legales y constitucionales y que puede ser usado de manera arbitraria y subjetiva para impedir el desarrollo de nuevas actividades mineras, teniendo en cuenta que permite la declaración de áreas de reserva de recursos naturales y la suspensión de la minería en dichas áreas, sin contar previamente con estudios, ni criterios técnicos; amparándose únicamente en un principio de precaución que hoy según la jurisprudencia, no debe entenderse de esa manera”.

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, dijo que este decreto, al ser un acto administrativo de rango inferior, no puede modificar una norma de rango legal, como el artículo 34 del Código de Minas, pasando por encima del trámite legislativo requerido. 

“La norma es ambigua y genera alta incertidumbre respecto a su impacto en proyectos en ejecución. Por lo tanto, pedimos al Ministerio de Ambiente aclarar si esta norma respetará los derechos adquiridos válidamente a través de títulos mineros ya existentes”, agregó el dirigente.

Otro aspecto que preocupa, es que la norma desconoce la autonomía de las autoridades territoriales, y con esto, los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad. Además anula por completo la autonomía y competencias en materia ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR.

Adicionalmente, “desborda las órdenes dictadas por el Consejo de Estado en la sentencia sobre titulación minera del 2022 y crea criterios para delimitación que no están en la ley”, reiteró Nariño.

Pese a que el proyecto recibió más de 400 comentarios y solicitudes de ajustes, no se aprecia que estos hayan sido reflejados en el Decreto expedido, así como tampoco se generaron los espacios de diálogo y participación técnicos necesarios.

La Asociación hizo un llamado al Ministerio de Ambiente para que con claridad y transparencia, informen a la opinión pública el verdadero propósito detrás del Decreto, en especial a las comunidades de los territorios mineros que hoy derivan su sustento y su desarrollo de esta actividad.

“El Gobierno Nacional no puede olvidar que la minería formal representa el 3% de la economía nacional, más de 20 billones de pesos en aportes en renta, regalías y otras contribuciones, más de un billón de pesos en inversiones ambientales y sociales, emplea a más de 900 mil personas de manera directa e indirecta y constituye el 56% del PIB de la Guajira, el 44% del Cesar, el 4,2% de Córdoba y el 3,2% de Antioquia. Más del 60% del presupuesto de inversión en los municipios mineros, en algunos casos incluso hasta el 90%, dependen de la actividad minera”, puntualizó el Presidente de la Asociación.

Nariño, anotó además que en conversación con el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, se acordó instalar una mesa de diálogo que busca entender el alcance y ámbito de aplicación de este decreto.