La revisión y actualización de las regulaciones actuales relacionadas con el Impuesto Predial Unificado Rural ha emergido como un tema de conversación crucial en el actual Gobierno. Esta medida busca no solo preservar los usos agropecuarios de la tierra, sino también promover la progresividad en la recaudación de impuestos y salvaguardar las áreas destinadas a la producción de alimentos. 

El impuesto predial del suelo rural que Colombia necesita y una mirada internacional contó con la participación del Departamento Nacional de Planeación, DNP, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Federación Colombiana de Municipios, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y el Lincoln Institute of Land Policy.

La instalación estuvo a cargo de la directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, Claudia Liliana Cortés, quien enfatizó sobre la propuesta de análisis que viene trabajando varias entidades de manera articulada, la cual tiene como tareas construir transparencia en el mercado de tierras, incrementar el recaudo municipal y contribuir al uso eficiente del suelo.

La directora de Programas para América Latina y Caribe del Lincoln Institute of Land Policy, Anacláudia Rossbach, habló sobre el fenómeno de expansión urbana en los países de América Latina, el cambio climático y la informalidad que afectan la sostenibilidad y la producción misma de los alimentos, de ahí la importancia de proteger los usos para la producción agropecuaria. 

Un impuesto predial rural

Durante el primer bloque se presentó a los asistentes el contexto actual y la propuesta de análisis sobre el impuesto predial rural, elaborada por la UPRA junto con el DNP, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Ministerio de Hacienda, el cual propone una estructura tarifaria para la aplicación del impuesto predial unificado en el suelo rural, que permita la progresividad del tributo e impulse en los territorios la sostenibilidad, protección ambiental y el incentivo a la producción agropecuaria.

“El IGAC tiene como meta obtener los valores de los predios urbanos y rurales, pero en particular de los predios rurales, por lo menos del 60 %. Esa es una tarea que se logra a través de la actualización catastral, en la cual este gobierno está totalmente comprometido”, manifestó, el director de la entidad Gustavo Marulanda.

Sobre el trabajo con entidades del sector, el funcionario indicó “creo que el trabajo que venimos haciendo con la UPRA es en realidad histórico. Tenemos una serie de proyectos que trabajamos conjuntamente. El primer tema es uso y aptitud con escala a 25.000, un insumo fundamental para que la UPRA avance aún más en términos de identificación para la planificación rural con un mayor nivel de detalle. Por otro lado, trabajamos en valores de referencia a escala 1:1000, en departamentos como Cauca, Sucre, Córdoba”.

La propuesta contempla una estructura tarifaria que considera la progresividad del tributo a través del avalúo catastral, la diferenciación y promoción de actividades agropecuarias y de conservación y protección ambiental. Además, cuenta con una clasificación de las actividades económicas del ordenamiento territorial, en 6 grupos tarifarios de acuerdo con los usos y actividades económicas que presenta el territorio rural y las rentas de la tierra. 

El impuesto predial unificado, tributo de orden municipal, está reglamentado por la Ley 44 de 1990, que otorga a los municipios la competencia para su administración, fijación de tarifas y recaudo. Es de resaltar que la Ley determina parámetros para la definición de las tarifas que básicamente están orientados a los sectores urbanos, desconociendo las particularidades de las zonas rurales, por ello, es poco eficaz para la fijación de políticas públicas de interés, como los principios de progresividad y equidad tributaria y el impulso y protección de actividades económicas, como las agropecuarias. 

Mirada internacional 

La jornada contó con la mirada y reflexiones de dos expertos internacionales. Paul Sanderson, miembro del Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) y del Institute of Revenue, Rating and Valuation (IRRV) en Inglaterra, y Riel Franzsen, director del Instituto Africano de Impuestos de la Facultad de Ciencias Económicas y de Gestión de la Universidad de Pretoria. 

Sanderson presentó algunas limitantes que aún tiene el sistema de recaudo en países desarrollados, pues “el impuesto inmobiliario es difícil, es impopular y muchas veces no se entiende la forma en que se avalúa y se paga”. Además, expuso algunos principios regulatorios, entre los que destacó: justicia, responsabilidad, información, relación costo-rendimiento, unidad de avaluación, revalorización, entre otros, que construyen confianza y transparencia entres los contribuyentes. 

Para el sector agrícola, expuso algunos ejemplos de países como Estados Unidos y Canadá, donde estos territorios son completamente tributables, y algunos cuentan con incentivos diferenciados de acuerdo con los usos agropecuarios. 

Por su parte, la viceministra de MinAgricultura indicó que la base fundamental de la reforma agraria pretende combatir los fraccionamientos y la alta concentración de la tierra para promover la producción agropecuaria a partir de los siguientes temas claves: 

Incluir en la agenda el cambio climático, Fortalecer los escenarios de producción de alimentos y el uso eficiente del suelo, Democracia, paz y justicia en los territorios, Instrumentos progresivos y diferenciados que protejan al campesinado sujeto de derecho.