La ratificacion y socialización de un proyecto de ley que busca reordenar la actividad minera en el país fue revelado en el Congreso de la Asociación Colombiana de Minería por parte de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.

La funcionaria aseguró que no se frenará la minería en el país, los títulos mineros contarán con una planificación justa y se busca trabajar en pro de una minería más amigable con los ecosistemas.

“Clarificamos que el decreto genera los criterios y lineamientos de las reservas temporales, pero que la definición de cada una de las reservas tendrá un acto administrativo específico, una resolución que justifique técnicamente por qué se declara. No es un decreto que se aplica a rajatabla, no es un decreto que busca acabar con el sector minero, lo que busca es ordenar socio ambientalmente territorios muy conflictivos”, aseguró la Ministra.

Muhamad también indicó que, tal como lo exige el Consejo de Estado, cada reserva temporal deberá contar con un cronograma y un plan de trabajo de la zonificación, el ordenamiento y el propósito de estos espacios.

Minería ambiental

"No es un decreto que busca acabar con el sector minero o restringir la actividad. Lo que busca es ordenar socio-ambientalmente territorios muy conflictivos en donde, como lo dice la misma sentencia del Consejo de Estado, por la falta de articulación entre el sector minero y el sector ambiental se entregaron títulos y se generaron conflictos socioambientales que pueden estar afectando determinantes ambientales", indicó.

Además, aclaró que la visión del Gobierno frente al sector minero es crear una minería que, más allá de ser responsable, esté en el contexto social y económico. "Necesitamos generar una minería que tenga una visión estratégica que sea para encadenamientos productivos de la industrialización del país y no simplemente para la exportación de minerales que no generan valor agregado".

También señaló que, históricamente, se han otorgado títulos mineros sin un proceso previo riguroso y que esa lógica de desarrollo generó dos fenómenos innegables en los territorios: conflictividad socioeconómica y minería criminal.

“Hay sentencias que así lo reconocen y que nos obliga como Estado a ordenar el desorden causado. Hay que reconocer que también ha sido el Estado y la debilidad de sus instituciones y de su presencia territorial lo que ha ayudado a ampliar estos conflictos. Tenemos que abrir un camino común de fortalecimiento del Estado, de fortalecimiento de las reglas de juego, pero también de una prospectiva de hacia dónde va el sector minero”, dijo.

Así las cosas, con el decreto se darían pasos concretos para el mejoramiento de la planificación ambiental, los procesos participativos, la conservación y protección de áreas vulnerables en el país, seguridad jurídica y reservas naturales temporales con un sustento técnico amplio.  Además, no se afectarían situaciones jurídicas del sector minero que ya están consolidadas.

En las próximas semanas el Minambiente liderará una mesa de diálogo con el sector minero con el fin resolver inquietudes y generar las condiciones para expedir el decreto.